Santo Domingo. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio de Turismo, recuperó un área aproximada de 8,200 metros cuadrados de la Playa Bibijagua, zona Jellyfish, provincia La Altagracia, que se encontraba afectados por construcciones ilegales y estacionamiento de embarcaciones.
Junto a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), un equipo de Medio Ambiente, y técnicos del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos, procedió al desalojo y desocupación de las infraestructuras en los 60 metros de franja de pleamar.
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En la acción participaron agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y personal de la Policía de Turismo (POLITUR).
En el operativo fueron fiscalizadas y retiradas 42 embarcaciones y seis casetas en madera, cemento y metal pertenecientes a 4 propietarios.
“También, entre 35 y 40 infraestructuras en madera, entre chairlongs, camas balinesas, plataformas e infraestructuras de usos varios”, explicó Yeral Segura, técnico del Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos.
Dijo que las casetas ocupaban un área superior a los 500 metros cuadrados y las infraestructuras móviles en madera ocupaban un área aproximada de 880 metros cuadrados.
“El resto del espacio era ocupado de manera parcial y recurrente por embarcaciones e infraestructuras en desuso, como juegos acuáticos en metal y plástico”, indicó.
La operación se desarrolló desde tempranas horas de la mañana del miércoles y se interrumpió entrada la noche para culminar en la mañana de este jueves.
Ana Patricia Ossers ponderó la forma en que se llevó a cabo el operativo. “Queremos resaltar el hecho de que los ocupantes de la playa reconocieron que estaban al margen de la legalidad y procedieron a retirar voluntariamente las pertenencias que podían movilizar”, dijo.
“Por esa razón, el proceso de desalojo se llevó a cabo sin mayores inconvenientes. Queremos agradecer el apoyo del Ministerio Público, en la persona de los fiscales Rudy Pérez y Miledys Domínguez, y confiamos en que las comunidades aledañas, al igual que las autoridades, se convertirán en vigilantes y protectoras de estos espacios públicos”, dijo la directora jurídica de Medio Ambiente.
