Santo Domingo.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional recesó para este miércoles a las 11:00 de la mañana, la continuación del conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Nido, a quienes el Ministerio Público encarta en la supuesta red criminal encabezada por Emmanuel Rivera Ledesma.
Contra los imputados en este proceso, el órgano persecutor solicita la imposición de prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso.
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A la salida del tribunal, la procuradora fiscal Sourelly Jáquez declaró a los medios de comunicación que el imputado Reilin Arismendy Rosario García colaboró con el Ministerio Público.
Jáquez indicó que con la declaración del imputado en el tribunal, el órgano acusador espera sea impuesta la medida de coerción solicitada.
Para el conocimiento de esta audiencia el Ministerio Público designó, además de Jáquez, a los procuradores fiscales Andrés Mena, Laura Vargas, Magali Sánchez y María Silvestre, quienes presentaron al tribunal sus argumentos.
El juez Rigoberto Sena, apoderado para conocer esta medida cautelar, escuchó las declaraciones de las partes y estableció para mañana la réplica y contrarréplica.
En la solicitud de medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, María Gabriela Rivera Pichardo, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Reilin Arismendy Rosario García, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López y las personas jurídicas Inmobiliaria & Diseños Arquitectónicos, INDISARQ y CRD Equipos Pesados, SRL, RNC, el órgano acusador establece que el entramado criminal desmantelado con la Operación Nido estafó más de 700 millones de pesos, en perjuicio de las más de 300 víctimas a las que ofertaban viviendas a través de nueve proyectos inmobiliarios.
“Para lograr su objetivo, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq y SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos”, ha dicho el Ministerio Público.
La investigación del MP indica que la mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Asimismo, que a raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
