Santo Domingo.- República Dominicana ha alcanzado una puntuación de 35 puntos del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado hoy por Transparencia Internacional (TI), resultando esta ser la mejor medición de los últimos años.
De acuerdo al informe, República Dominicana es el único país latinoamericano que por varios factores mejora en el Índice de Percepción de 2023, aunque principalmente por el fortalecimiento de su poder judicial a través de nombramientos independientes.
Los países latinoamericanos que sus ciudadanos perciben como más limpios son Uruguay, Chile y Costa Rica, con 73, 66 y 55 puntos, respectivamente, los únicos tres por encima de los 50 puntos, según este índice.
A la cola como los más corruptos se sitúan Venezuela, con 13 puntos y Nicaragua (17) -con un contexto de impunidad generalizada y ausencia total de la independencia del poder judicial- y Honduras y Guatemala (23).
Junto a República Dominicana, en una franja media se colocan Cuba (42), Colombia (40), Argentina (37), Brasil (36), Panamá (35), Ecuador (34), Perú (33), El Salvador y México (31), además Bolivia (29) y Paraguay (28).
La ausencia de la independencia judicial, una gran lacra
El informe de TI subraya que la ausencia de independencia judicial debilita el Estado de derecho, promueve la corrupción y fomenta la impunidad de los corruptos y criminales.
En este sentido, abordar este problema resulta imprescindible para combatir la corrupción de manera eficaz y garantizar el buen funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, en una región -la de las Américas, que incluye 32 países- cuyo promedio se mantiene en 43, agrega la ONG con sede en Berlín.
En lo que respecta a Venezuela y Nicaragua, los países que al igual que en años anteriores peor puntuación obtienen, «estamos hablando de dictaduras», donde no existe ningún tipo de división de poder, reina la opacidad y las fronteras entre lo legal y lo ilegal «son extremadamente difusas», dijo a EFE Luciana Torchiaro, consejera regional para las Américas de TI.
En el caso de Venezuela, agregó, el poder judicial está completamente cooptado al servicio de las élites gobernantes y del crimen organizado, por lo que en ese país no hay «ninguna posibilidad de sancionar la corrupción».
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TI subraya que la región de las Américas «necesita con urgencia un poder judicial más sólido e independiente para garantizar la justicia, actuar ante la impunidad y enfrentar el crecimiento de las redes de corrupción».
Torchiaro destacó también la responsabilidad de los ciudadanos, que deben exigir la rendición de cuentas y subrayó la oportunidad en este «superciclo electoral» entre los comicios que se celebraron en 2023 y los que habrá este año en la región, para ejercer el voto «con conciencia» y no concedérselo más a los corruptos.
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