New York.- El senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia Espaillat, Carlos Manuel Gómez Ureña, respaldó la decisión del presidente Luis Abinader de deportar 10 mil haitianos a la semana, afirmando que solo un régimen fuerte que aplique leyes consecuencias puede disuadir la migración ilegal en la República Dominicana.
El legislador dijo que existe la necesidad de establecer un régimen de consecuencias para enfrentar la migración irregular resaltando un proyecto de ley sometido por él que busca frenar la entrada y permanencia en el país de extranjeros no legalizados.
Catalogó de muy grata para el país la noticia de que el Gobierno deportará 10,000 haitianos semanalmente, especialmente por los lo crecientes problemas que acarrea el trasiego de haitianos desde Haití a la República Dominicana.
“Lla situación ha llegado a un punto en el que el país ya no puede soportar la cantidad de inmigrantes ilegales, por lo que las acciones enérgicas son necesarias”, afirmó Gómez Ureña.
Gómez Ureña destacó que aunque el Gobierno ya está deportando miles de haitianos semanalmente, el problema es que muchos regresan sin enfrentar ningún castigo, lo que crea un ciclo interminable de deportaciones y reingresos.
«No hay un régimen de consecuencia», se quejó el senador, agregando que la falta de sanciones es una de las razones por las que el problema persiste.
Comparó la situación con las de países desarrollados como Estados Unidos, en los que existen penalidades severas para quienes reingresan ilegalmente después de ser deportados.
«Si usted es deportado y regresa al país, tiene que haber un régimen de consecuencias que puede incluir la privación de libertad dependiendo del delito cometido», sostuvo.
Dijo que ese modelo fue la base para su propuesta que estipula penas para los inmigrantes deportados por delitos graves enfrentarían sentencias más largas si reingresan ilegalmente, mientras que aquellos sin historial delictivo podrían ser sancionados con multas o penas menores.
El proyecto también contempla la creación de centros de detención cerca de la frontera, lo que facilitaría la depuración y rápida deportación de los inmigrantes ilegales que intenten reingresar al país.
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«Estos centros son necesarios para gestionar de manera eficiente el flujo migratorio y garantizar que quienes sean deportados no tengan la oportunidad de volver sin enfrentar las consecuencias legales», subrayó el senador de Espaillat.
Hizo un llamado a la acción, afirmando que la aplicación de este régimen de consecuencias es esencial para resolver la crisis migratoria actual.
«No hacemos nada con deportar si sabemos que la gran mayoría de esos inmigrantes va a regresar al país”, indicó Gómez Ureña. “Tienen que sentir algún temor de regresar, algo que hoy en día no existe», explicó.
