La decisión del gobierno de eliminar los incentivos a la industria cinematográfica, como parte de la reforma fiscal, ha desatado una lucha tenaz entre «ángeles» y «demonios» de este sector del entretenimiento. Es una batalla simbólica entre aquellos que abogan por el progreso cultural y quienes han encontrado formas de lucrarse al margen de los verdaderos intereses de la cinematografía nacional.
Creo que el Estado aún no debe arrancar de raíz la ayuda que esta industria sigue necesitando. No todavía. Pero no con el formato actual dañado por el “clasismo” y por sectores que han visto los incentivos como una fuente de enriquecimiento. Porque las estructuras oscuras que se han enquistado alrededor del sector no permitieron que cristalizaran los nobles objetivos que, en su esencia, iban en consonancia con el «desarrollo progresivo, armónico y equitativo de la cinematografía nacional». Los incentivos, concebidos para fomentar la creación y expansión de un cine de calidad, se han visto secuestrados por intereses ajenos a este propósito.
Sin la debida vigilancia, surgieron grupos que, al igual que sanguijuelas, se aprovecharon de la noble actividad cinematográfica. Estos grupos, con la complicidad de algunos políticos y la incapacidad de los gobiernos para ejercer un control efectivo, han hecho fortuna, mientras la industria del cine ha visto cómo valiosos directores, productores y otros artistas talentosos han caído en el anonimato. No porque carecieran de mérito o creatividad, sino porque no pudieron —o no quisieron— integrarse a los juegos oscuros que rigen en este entorno. Estos artistas, comprometidos con su arte y con el verdadero espíritu del cine, optaron por mantenerse al margen de esas estructuras corruptas, pagando el precio de su integridad con su invisibilidad.
Es por eso que considero fundamental que, antes de buscar una vía de apoyo tras la eliminación de los incentivos fiscales, el Estado debe tomar medidas para desmantelar esas estructuras grises y monopolios perversos que se han apoderado de la industria. De no hacerlo, no habrá forma de que las políticas públicas permitan que este sector rinda los frutos deseados, y mucho menos que se logre esa elevación en la calidad cinematográfica que todos anhelamos. Sin transparencia y sin una verdadera regulación, cualquier reforma corre el riesgo de ser un simple cambio superficial que no atacará las raíces del problema.
