Santo Domingo.- El abogado Vinicio Aquino, parte de la defensa técnica del coronel de la Policía Nacional, Narciso Antonio Feliz Romero y el subintendente Juan Miguel Pérez Soler, acusados junto a otras ocho personas por el robo de municiones en la Policía Nacional, afirmó este martes que dentro del expediente del Ministerio Público sobre la Operación Pandora «hay cosas en ese caso que no se ven que importan más que las que se ven».
A través de una llamada telefónica al programa radial Politikal, el jurista argumentó que hay tantas mentiras en el expediente que se ha recurrido a negociar con los co-imputados, lo que calificó de ilegal.
«Si así es que piensan tapar algo tan grande y que viene ocurriendo, no se le va a dar por ahí. No tienen ningún tipo de prueba, la única prueba que quieren construir es con los mismos imputados» manifestó Aquino.
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Al ser preguntado sobre si los dos principales imputados del caso, que son sus representados, con los rangos que tienen podían tener dominio y control de las municiones que fueron sustraídas de la Policía Nacional para ser vendidas el abogado respondió que no y dijo no hay una sola evidencia que los comprometa.
«Lo lamentable es que al país se le está mintiendo con este caso, no es verdad que esos señores tienen el dominio de esas operaciones. El coronel que es intendente de armas lo que tenia eran meses ahí y no es verdad que en par meses usted va a sustraer más de un millón e cápsulas que están diciendo, mucho menos pertrechos militares», expresó el abogado en el espacio radial.
Sobre Operación Pandora
Siete de los diez acusados por el robo de municiones en la Policía Nacional recibieron este martes 18 de meses de prisión preventiva como medida de coerción.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dispuso que los implicados cumplan la medida de coerción en el centro de retención de policías de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
La imputada Miguelina Bello Segura, quien no pertenece a las filas de la Policía, cumplirá prisión domiciliaria. Mientras que a el capitán y auditor Víctor Santos se le impuso el pago de una garantía económica de tres millones de pesos y al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, dos millones de pesos.
