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Tegucigalpa.- El estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) denunció que niñas y mujeres son de los grupos más afectados, de manera violenta, por parte de agentes estatales durante el estado de excepción que rige en el país desde diciembre de 2022.
"Solo en el primer año de la puesta en práctica del estado de excepción, el Conadeh atendió más de un centenar de quejas contra miembros de los cuerpos de seguridad del Estado por violentar los derechos humanos de mujeres y niñas", indicó el organismo en un comunicado.
Señaló además que la situación es "alarmante por los niveles de violencia y arbitrariedad perpetrados por agentes de seguridad pública en el marco de la suspensión de garantías".
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"La violencia física fue la de mayor recurrencia, y según el relato de las propias afectadas, las violaciones de derechos humanos incluyeron golpes, patadas, jalones de cabello y bofetadas por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado", subraya la denuncia.
Según el organismo defensor del pueblo, "el uso desproporcionado de la fuerza, en el marco de las intervenciones de agentes de la seguridad pública, puede constituir un atentado a la dignidad humana, toda vez que acarrea repercusiones físicas y psicológicas en la vida de mujeres y niñas".
La misma fuente señaló que 17 de los 18 departamentos del país fueron escenario de hechos denunciados por violaciones a derechos humanos de las mujeres y niñas, en el marco del estado de excepción.
Los departamentos con mayor incidencia, en el orden, son Francisco Morazán, donde está la capital del país (centro); Cortés y Atlántida (norte) y Choluteca (sur).
El estado parcial de excepción fue declarado en diciembre de 2022 como medida para frenar la violencia en el país, principalmente el delito de extorsión, pero la ordenanza, según diversos sectores, no ha dado los frutos que esperaban las autoridades.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, asegura que los índices de violencia se han reducido durante el estado de excepción.
Según el Conadeh, la medida no es la herramienta adecuada para combatir la criminalidad organizada en el país.
La misma institución señaló que desde que entró en vigor el estado de excepción atendió "más de 700 quejas contra agentes de los cuerpos de seguridad del Estado por la privación arbitraria de la libertad, detenciones ilegales, torturas y la colocación de pruebas aparentemente falsas, entre otras".
El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, Daniel Cáceres, dijo que una de las preocupaciones de la institución "es la falta de control legislativo del Congreso Nacional (Parlamento), particularmente con los últimos decretos que prorrogan el primer estado de excepción, ya que no han sido objeto de un análisis por parte de ese poder del Estado".
