Ciudad de Guatemala.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negó este miércoles las acusaciones de actos de corrupción surgidas en República Dominica, que lo vinculan a un hermano del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina.
«Es importante recordar que la responsabilidad penal es de carácter individual, por lo que el presidente Giammattei se separa de cualquier señalamiento contra terceras personas», puntualizó el Gobierno ante la consulta de periodistas.
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La secretaría de comunicación del mandatario guatemalteco indicó que Giammattei viajó en 2019 a República Dominicana como mandatario electo «para reunirse con el jefe de Estado de esa nación», Danilo Medina.
Dicha visita en 2019 tenía como origen «una agenda de trabajo estratégica y de la dinámica natural de las relaciones comerciales, diplomáticas y políticas propias del cargo público», puntualizó la misma fuente.
«En el marco de este viaje, el 1 de noviembre de ese año sostuvo una reunión ampliamente difundida por múltiples medios de comunicación con el entonces presidente dominicano Danilo Medina, quien lo recibió en su despacho», añadió la secretaría de comunicación de Giammattei.
«Posteriormente se realizó una reunión con representantes de ambas delegaciones», resaltó el Gobierno guatemalteco, quien recordó además que «durante la gira realizada el entonces presidente electo Alejandro Giammattei también visitó» otros país como Estados Unidos, México, Taiwán, Colombia, España, Costa Rica e Israel.
LAS ACUSACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA
La Procuraduría General de República Dominicana está investigando los supuestos vínculos de Alexis Medina, quien está en prisión por presunta corrupción, con políticos de Guatemala, entre ellos Giammattei.
Los supuestos vínculos figuran en el expediente judicial presentado por la PGR en contra de Medina, y que señalan al hermano del exmandatario de encabezar una supuesta red de corrupción
El expediente indica que Medina almorzó con Giammattei a finales de octubre de 2019, tres meses antes de la investidura del mandatario guatemalteco (enero de 2020), en un restaurante de Punta Cana, este de la República Dominicana, con el «interés de hacer negocios» supuestamente ilegales en Guatemala.
En el encuentro, según la acusación de 3.445 páginas y que involucra a otras 26 personas, participaron los administradores del parque Wonder Island Park, que Alexis Medina tiene en Punta Cana con el excandidato a la presidencia de Guatemala Manuel Baldizón, preso en EE.UU por lavado de dinero.
Ambos «han hecho múltiples negocios vinculados al sector combustible, compras en China y adquisición de inmuebles en República Dominicana», agregó el informe.
El Ministerio Público acusa a Medina de dirigir una red que logró sustraer 4.796 millones de pesos dominicanos (más de 82 millones de dólares) de los fondos públicos al obtener contratos millonarios con diversas instituciones del Estado practicando el tráfico de influencias durante la gestión de Danilo Medina (2012-2020).
Alexis Medina «pretendía replicar» ese modelo de «licitaciones ilícitas» en Guatemala «con apoyos de poderosos sectores políticos» de esa nación, que han sido identificados por la investigación, pero cuyos nombres no son revelados en el expedientes «por razones de estrategia de investigación», agrega la acusación.
En ese sentido, se ha «solicitado cooperación jurídica internacional a los fines de investigar el alcance de las implicaciones de la sociedad» fuera del territorio nacional, añadió el documento.
La Procuraduría afirma que la supuesta red obtuvo contratos ilegales con el Estado, beneficiándose de «acciones y omisiones» por parte de Danilo Medina, aunque por el momento no ha presentado cargos contra el expresidente dominicano.
Giammattei era investigado en Guatemala por corrupción durante julio, supuestamente por reunirse con ciudadanos rusos para facilitarle algunos beneficios portuarios, según detalló el fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval el día 23 del mismo mes, tras ser removido del Ministerio Público por la fiscal general de la entidad, Consuelo Porras.
La remoción de Sandoval provocó molestias en la comunidad internacional y en Estados Unidos, que manifestó su contrariedad por la salida del fiscal y posteriormente en septiembre sancionó con quitarle la visa y prohibirle el ingreso a su territorio a la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, a la que acusó de «obstruir la justicia» en casos de alto impacto.
