El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que ordenó una investigación sobre el gobierno de Mauricio Macri que lo antecedió en el poder entre 2015-2019 por espionaje ilegal y persecución judicial contra sindicalistas y opositores.
“La Justicia Federal investiga una denuncia que he ordenado hacer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que se investiguen acciones del anterior Gobierno que promovieron el espionaje ilegal y diversas persecuciones judiciales contra sindicalistas y opositores”, afirmó Fernández en su cuenta de Twitter.
La acción de Fernández sucede luego de la denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, contra funcionarios del Gobierno anterior, al encontrarse unos videos donde quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo de Buenos Aires, Marcelo Villegas, en las que promovía armar causa contra los líderes sindicales.
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Mientras tanto el mandatario argentino, resaltó que al comenzar en el poder denunció de la existencia de más de 100 celulares encriptados provistos por la AFI que incluía a funcionarios nacionales, personas de la justicia y socios políticos y comerciales del partido oficialista de ese momento, Cambiemos.
En ese momento, aseguró que los dispositivos se signaron a la exgobernadora de la provincia de Buenos aires, Maria Eugenia Vidal; al procurador de la provincia Julio Conte Grand, el expresidente del club de fútbol Boca Juniors, Daniel Angelici; al exministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, al empresario Nicolás Caputo y al exfiscal general Martín Ocampo.
Fernández se preguntaba cuál era el objetivo de la existencia de esos teléfonos encriptados y qué secretos preservaban los funcionarios y empresarios. Asimismo, se preguntó qué conversación secreta tenía con funcionarios un empresario del juego devenido en operador judicial.
Además de espionaje ilegal, otras acusaciones
Para el jefe de Estado, estas preguntas exigen una respuesta. Pues, “el uso del servicio de inteligencia del Estado de derecho para hacer espionaje interno; y para promover persecuciones criminales es definitivamente asqueante y consecuentemente inadmisible”.
Con la gravedad de los hechos y los indicios graves, precisos y concordantes de un presunto método ilegal de persecución, el gobernante indicó que la Justicia debe investigar sin demoras.
“He impuesto a la intervención de la AFI, el deber de poner al servicio de inteligencia en favor de los intereses nacionales. Así lo hace hoy. Acabar con esos hábitos ilegales desplegados en la inteligencia macrista, revaloriza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, comentó.
El Gobierno de Macri espera también por otra causa de presunto espionaje que está siendo tramitada por el juzgado federal de Dolores en Buenos Aires. Este caso está relacionado con el espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan, hundido en 2017.
Fuente: Telesur
