English
Indican que descuentos a empleados del FEDA para financiar un movimiento político constituyen una falta a la ley electoral
Santo Domingo. La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, afirmó que el Ministerio de Administración Pública (MAP) tiene la obligación de investigar los presuntos descuentos salariales y amenazas a servidores públicos en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), tras denuncias reveladas en un trabajo periodístico de la periodista Nuria Piera.
Blanco reaccionó a las declaraciones del ministro del MAP, quien indicó que el director del FEDA habría solicitado asistencia técnica luego del reportaje, señalando que no se trata de apoyo técnico, sino de una investigación formal ante lo que calificó como una posible falta administrativa grave.
“Aquí no es que el director del FEDA solicite una ayuda técnica al MAP. Lo que corresponde es investigar. Si esa conducta es cierta y comprobable, la ley establece claramente que se trata de una falta administrativa grave que puede dar paso a la destitución”, expresó.
La dirigente de Participación Ciudadana advirtió que, más allá del ámbito administrativo, los hechos denunciados podrían constituir violaciones a las leyes electorales, al presuntamente intimidar a empleados públicos para que destinen recursos salariales al sostenimiento de campañas políticas.
En ese sentido, indicó que la Junta Central Electoral (JCE) debe analizar este comportamiento dentro de la administración pública, al igual que la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República.
“Estamos hablando de amenazas e intimidaciones a servidores públicos para que utilicen recursos que ya se han ganado para financiar campañas electorales. Eso es una violación clara a las leyes electorales y también al Código Penal, que tipifica esa conducta como delito”, sostuvo.
Blanco reconoció que la JCE enfrenta una alta carga de trabajo por el proceso de cedulación, pero subrayó que su rol de fiscalización electoral sigue siendo fundamental, especialmente en lo relativo al uso clientelar de la administración pública.
Te puede interesar: DENUNCIA CONTRA DIRECTOR DEL FEDA Y “DEFENSA” DE DIPUTADO ESTREMECEN AL PRM
Finalmente, señaló que este tipo de prácticas reflejan debilidades persistentes en materia de transparencia y cultura democrática, al tiempo que recordó que se trata de conductas históricas que el país aún no ha logrado erradicar.
De acuerdo a la denuncia, los presuntos descuentos salariales aplicados a empleados tienen el propósito de financiar un movimiento político identificado como “La Maquinaria del Cambio”. La investigación, sustentada en testimonios recopilados apunta a que este mecanismo operaba desde el interior de la institución, bajo la administración de Hecmilio Galván.
Los montos retenidos a los trabajadores oscilaban entre RD$3,000 y RD$20,000, y quienes no cumplían o presentaban retrasos en los pagos habrían enfrentado represalias laborales, incluyendo despidos y otras sanciones administrativas. Estas denuncias colocaron al FEDA en el centro del debate público, al vincular la gestión institucional con prácticas presuntamente contrarias a la ley.
