Abogados aseguran no hubo «sobreevaluación ni sobornos» en gestión de Jean Alain

Santo Domingo. – El consejo de defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez acusó al Ministerio Público de actuar al “margen de la ley» al filtrar sin haber notificado a su cliente o sus abogados la existencia del informe emitido por la Cámara de Cuentas. 

Asimismo, catalogaron la divulgación del informe de una campaña mediática que daña los derechos que le confiere las leyes y la Constitución a su defendido, asegurando que se omitieron las partes donde se establece que no hubo “ni sobreevaluación, ni sobornos en la ejecución del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario”.

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“No deja de sorprender la manera irresponsable con la que actúa el Ministerio Público, que desde el inicio del proceso ha violentado y vulnerado el debido proceso de ley. Ahora tienen el descaro de no solo de mentir y manipular las informaciones, sino que filtran documentos e informes previos a ser notificados a las partes interesadas y peor aún, antes de que, en este caso, el mismo órgano que lo emite, la Cámara de Cuentas lo publique en su portal oficial como establece la ley”, señaló Carlos Balcácer.

Los juristas puntualizaron que la Cámara de Cuentas en violación al debido proceso y en desacato de una resolución judicial, desconoció la petición de Jean Alain Rodríguez sobre el acompañamiento de un perito que pudiera validar juntamente con los auditores de dicho órgano sobre los supuestos hallazgos e incumplimientos. 

De igual forma, insisten que “existe una envestida mediática de parte de la PEPCA para condicionar a la opinión pública e influenciar a los jueces en contra del ex procurador Jean Alain Rodríguez”.

“Nuestro cliente tiene como justificar cada peso que la ha ingresado en las últimas décadas y no ha necesitado ni siquiera constituir fideicomisos para protegerlos ya que siempre ha preferido la transparencia y tener todo a su nombre o de sus sociedades por no tener nada que ocultar ni tener que protegerse de nadie”, explicó Francisco Franco.

Reiteran que la solicitud realizada a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana se realizó en virtud de que la Constitución de la República en su artículo 246, así como también la Ley No. 10-04 en su artículo 10, asignan a ese organismo facultad y responsabilidad legal para realizar auditorías, en su calidad de órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.4

Sin embargo, aseguran que la publicación de dicho informe no solo viola los derechos y garantías procesales, sino que es nulo de pleno derecho de actos de acuerdo con el Art. 14 de la Ley Sobre los Derechos de las Personas y sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo No. 107-13.