Santo Domingo.- La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología presentaron acusación contra el presunto cabecilla de una red que supuestamente sustrajo más de 18 millones de pesos, mediante la suplantación de identidad y clonación de las tarjetas de dos programas sociales del Gobierno.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que formalizó la solicitud de apertura a juicio contra el imputado José Antonio Santana Moronta, quien presuntamente se aprovechó de ser parte de la Red de Abastecimiento Social (RAS) para cometer la estafa en perjuicio de la Administradora de Subsidios Sociales (Addes), por el monto de 18,4 millones de pesos, con lo que afectó a miles de familias beneficiarias del subsidio.
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Los programas gubernamentales que fueron afectados, según indicaron las autoridades son «Comer es Primero» y «Quédate en Casa», hoy sustituidos por otros programas de asistencia del Gobierno.
Según el documento, entre las víctimas directas del imputado se identifica a María Cristina Pérez Rodríguez, María Auxiliadora del Corazón de Jesús Germosén, María Altagracia Vázquez Cruz, Manuel Antonio Hernández Reyes, Rafael Antonio Rubio, Ana Cecilia Viña Taveras y Mercedes del Carmen Pizano Castillo.
El titular del Ministerio Público en Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó que la investigación está sustentada en una multiplicidad de elementos de pruebas, «por lo que este órgano investigador espera lograr una condena ejemplar contra el acusado».
En el curso de su investigación, el Ministerio Público descubrió que Santana Moronta presuntamente organizó una estrategia criminal con la finalidad de apropiarse de los fondos públicos destinados por el Estado a personas que intentaban solventar la crisis provocada sobre sus ingresos por la emergencia sanitaria mundial de la COVID-19.
La Fiscalía de Santiago abrió la investigación que permitió detener supuesta mafia y desarticular la red que destinaba los fondos sustraídos a una cuenta de ahorros del imputado en la entidad financiera Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.
La institución bancaria detectó 58,738 operaciones fraudulentas desde el 9 de septiembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de ese año, tras la alerta que emitió su sistema debido a que el imputado realizaba la mayoría de estas transacciones en horas de la noche y la madrugada desde el colmado Moronta, de su propiedad.
La Fiscalía dijo que depositó más de 1,500 comprobantes de estas transacciones, entre otras evidencias documentales contra contra del acusado.
