Santo Domingo.- La Tercera Sala de la Corte Apelación del Distrito Nacional aplazó hoy para el 19 de mayo próximo la lectura del fallo del recurso de apelación contra la sentencia dictada en primera instancia a los implicados en los sobornos entregados en el país por la empresa brasileña Odebrecht.
La decisión se tomó debido a que uno de los magistrados que conoció el proceso se encuentra de licencia médica, «lo que impide que el fallo sea leído en la fecha originalmente pautada, fijándose la lectura del mismo para el 19 de mayo del corriente año, a las 11 de la mañana», de acuerdo con una nota del Poder Judicial.
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El 25 de noviembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Ángel Rondón Rijo, exrepresentante comercial de Odebrecht en el país, a ocho años de prisión y al extitular de Obras Públicas y del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) Víctor Díaz Rúa a cinco.
En tanto, absolvió de todos los cargos al expresidente del Senado Andrés Bautista, los antiguos senadores Tommy Galán y Roberto Rodríguez y el abogado Conrado Pittaluga.
El Ministerio Público apeló la decisión tomada en contra de Díaz Rúa y Pittaluga.
En ese sentido, solicitó al tribunal acoger las imputaciones por lavado contra el exministro, ya que solo fue sentenciado por enriquecimiento ilícito, y que sea condenado a 10 años de prisión, mientras que para Pittaluga pidió una pena de siete años de reclusión.
El Ministerio Público acusa a Pittaluga de cómplice en el delito de soborno y de enriquecimiento patrimonial derivado de actividad delictiva y lavado de activos.
El caso Odebrecht investigó el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña para adjudicarse obras públicas en República Dominicana y para conseguir la aprobación parlamentaria de la correspondiente financiación de esos proyectos.
La empresa reconoció haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, en un acuerdo firmado con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en el que admitió haber hecho pagos millonarios ilegales en doce países de América Latina y África.
La constructora firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar al Estado 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos en el país.
