San Juan.- Siete personas, entre ellas un líder sindical y un funcionario de la Autoridad de Puertos, fueron arrestadas este lunes en Puerto Rico acusadas de crimen organizado y extorsión contra compañías navieras.
Entre los cargos que enfrentan los detenidos figuran violación del RICO Act (Ley de Crimen Organizado), fraude al sistema de salud, lavado de dinero y extorsión, explicó a Efe la portavoz del FBI en Puerto Rico, Lymari Cruz.
El jefe de la Fiscalía federal en la isla, W. Stephen Muldrow, explicó que estas personas operaban «una empresa criminal» dedicada a extorsionar y engañar a las empresas navieras para cobrarles tarifas ilegales para la carga y descarga en el puerto de San Juan.
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Los imputados amenazaban con realizar huelgas y paros como parte del sindicato International Longshoremen’s Association (ILA)-1740, presidido por Carlos Sánchez, uno de los siete arrestados en esta jornada.
Los otros detenidos fueron identificados como Pedro Pastrana y su exesposa Iara Clemente, dueños de la empresa JCPY; Jorge Batista, funcionario de la Autoridad de Puertos, y los trabajadores portuarios Víctor F. Torres, José A. Fernández y Carlos A. Hernández.
El pliego acusatorio, presentado el pasado 11 de agosto, incluye un decomiso relacionado con el valor total de la pérdida por la extorsión, aproximadamente 1.184.524 dólares, así como de una propiedad, un vehículo y un bote.
Los empresarios Pastrana y Clemente, ayudados por el funcionario Batista y el líder sindicalista Sánchez, están acusados de dirigir el esquema de fraude y extorsión en los muelles 9, 10 y 11 de San Juan, según el comunicado de la Fiscalía Federal.
Sobre la acusación de extorsión
De acuerdo con la acusación, Pastrana y Clemente tomaron dinero del esquema y lo ocultaron en su compañía como pagos al plan de beneficio del trabajador, conocido como Plan de Bienestar UTM-PRSSA.
Los empresarios, junto a los miembros del sindicato ILA-1740 y obreros de una compañía de estibadores Torres, Fernández y Hernández, también están acusados de falsificar récords del Plan de Bienestar UTM-PRSSA.
Además, hicieron «chimbos», una palabra de la jerga del transporte marítimo que implica el uso de la tarjeta sindical de otra personal en los muelles para que parezca que el sindicalista está trabajando.
«Esquemas como el descubierto tienen un impacto negativo en la economía local y paralizan el progreso económico que merece el pueblo de Puerto Rico», denunció Joseph González, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en San Juan.
Tras la noticia del arresto de Sánchez, William Marrero Quiñones, asesor legal del sindicato ILA local, informó que el actual vicepresidente Víctor Aponte asume como presidente interino.
La ILA es un sindicato internacional que cuenta con una matrícula de más de 65.000 trabajadores de los muelles.
En el operativo participaron agentes del FBI con otras agencias federales en la isla, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, la Autoridad de Puertos, la Policía de Puerto Rico y oficiales municipales de San Juan y Carolina.
