Santo Domingo. – El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, destacó que la investigación del Ministerio Público crea un precedente contra el cibercrimen en la República Dominicana.
El magistrado informó que el desmantelamiento de una supuesta red del cibercrimen dedicada a extorsionar a ciudadanos estadounidenses suma hasta el momento más de 60 detenidos.
En ese sentido, resaltó que la alegada estructura criminal, desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos realizados en el país y en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, operaba desde Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata.
“Una red dedicada a extorsionar, con el uso de las tecnologías, a través de centros que simulaban call center (centros de llamadas) para estafar a ciudadanos de Estados Unidos. Seguimos allanando, trabajando y levantando evidencias”, explicó Bonilla.
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Asimismo, reiteró que los integrantes de la organización criminal utilizaban medios electrónicos para llevar a cabo sus operaciones; dijo que los allanamientos y otras diligencias de la investigación aún están en curso en distintos puntos del país.
En el caso trabajan decenas de expertos en investigación del Ministerio Público, el Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) de la Policía Nacional; la Embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Bonilla indicó que el Ministerio Público posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, vehículos de alta gama, armas de fuego y equipos electrónicos; incluyendo computadoras y celulares, con lo que asegura conseguirá la imposición de medidas de coerción en contra de los detenidos. A la fecha superan las 60 personas.
El cibercrimen
Bonilla afirmó que la Operación Discovery incluye la participación de una fuerza de tarea conjunta; en la que participan 45 fiscales,105 técnicos y 321 agentes policiales.
El órgano presentará cargos por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano; los que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, y el 405, que condena la estafa.
Además, se les imputa transgredir artículos 2 y 4 de Ley sobre Lavado de Activos, y 14 y 15 de Crímenes y Delitos Alta Tecnología; que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
