El tratado de Ryswick, del 20 de septiembre de 1697, dio origen a un problema que debieron soportar entre 1697 y 1804 los colonos españoles residentes en el territorio oriental de la isla de Santo Domingo. A partir de 1791 se generaron numerosas dificultades al otro lado de la frontera, toda vez que se iniciaron las sublevaciones de no pocos mulatos y esclavos que posteriormente posibilitaron la Independencia de Haití en 1804.
Los esclavos sublevados no sólo lograron la conversión de esa colonia francesa en una república, sino que también, al abolir la esclavitud en ese territorio, fueron declarados como un peligro para los Estados Unidos, Francia, Inglaterra y España, cuyas economías se desarrollaban sobre la base de un sistema de producción fundamentado en la esclavitud. En esas condiciones era difícil que los antiguos esclavos provenientes de distintos puntos del continente africano pudiesen evolucionar hacia una sociedad mínimamente democrática.
Los que podían facilitar esa evolución eran los mulatos (ricos y pobres), puesto que estaban en mejores condiciones para asimilar el sistema que habían puesto en ejecución los franceses, pero sin esclavitud. Cuando los negros se impusieron y sustituyeron a los mulatos, fueron incapaces de modificar el único sistema de producción que conocían. De manera que no es de extrañar que, en un momento determinado, lejos de convertirse en una república se autoproclamaron como imperio. Por eso, entre 1804 y 1934 las excolonias francesa y española en la isla evolucionaron en sentidos distintos.
Se debe tomar en consideración que en 1804, por cada seis habitantes que había en Haití, en la parte de la isla que hoy es la República Dominicana solamente existía uno, incluyendo los colonos españoles, mulatos y esclavos. Claro, la evolución después de doscientos años está a la vista de todos. Cuando nos ocuparon en 1822, en la colonia española había una universidad, y de conformidad con la Constitución de Cádiz no éramos una colonia de España, sino parte de su territorio. Tanto es así, que desde 1822 en la ciudad de Santo Domingo existían dos periódicos y una imprenta que pertenecían a José Nuñez de Cáceres. Además, teníamos dos representantes en las Cortes españolas (dos diputados).
Por otra parte, cuando se presentaban epidemias las personas eran vacunadas y se registraban las estadísticas de las embarcaciones que entraban y salían del puerto de Santo Domingo. Se tenía el control de los que guardaban prisión, los tipos de condenas, entre otros. En muchos aspectos estábamos más desarrollados que en la República de Haití, excepto en que nos superaban en población, soldados activos en su ejército y armamento. Sin embargo, a pesar de todo esto, su primitivismo y lenta evolución en cuanto a la convivencia pacífica y democrática, orientó el comportamiento de la población haitiana en el empleo de la violencia para hacer valer lo que suponían sus derechos. Mataban a aquellos que consideraban responsables de sus carencias y profanaban sus cuerpos. Lo hacían hace 200 años y todavía esto sigue igual en la actualidad.
Los Estados Unidos invadieron a Haití en 1915, pero no para ayudar a ese pueblo, sino para apropiarse de sus riquezas (tierras, minas, ingresos y mano de obra semi-esclava que utilizaban en territorio haitiano y dominicano). Un año después, intervinieron y ocuparon nuestro país, lo cual contribuyó para imponer la migración ilegal hacia nuestro territorio cuando se inició la industria azucarera. En cambio, con ocasión de la actual crisis haitiana, los Estados Unidos se desentienden del problema a sabiendas de la imposibilidad del pueblo haitiano para resolverlo por sí mismo. Más todavía, su desacertada política exterior es responsable, en gran medida, de un problema que ellos contribuyeron a crear en el pasado.
Hoy, más que nunca, Haití necesita del apoyo de la comunidad internacional para resolver definitivamente su problema endémico. Reitero que en ese caos contribuyeron en un primer momento los franceses (1697-1804), y luego los estadounidenses desde el 1915 hasta el presente. En esas condiciones pretenden los Gobiernos de los Estados Unidos que le corresponde a la República Dominicana resolver el problema de sobrepoblación e incapacidad productiva y administrativa de Haití. Craso error, pues tal eventualidad supondría convertir a nuestro país en otro Estado fallido en la misma isla.
Por tanto, en esas condiciones las autoridades dominicanas deben, conjuntamente con la comunidad internacional, diseñar un proyecto tendente al desarrollo definitivo de nuestros vecinos. Ese proyecto debe tener como sustento la seguridad jurídica, social y de gobernanza por lo menos durante 50 años. El deber de las autoridades dominicanas (para evitar ser arrastrados en un Estado fallido) consiste en sensibilizar y/o servir de mediador para comprometer la totalidad o parte de la comunidad internacional para impulsar el desarrollo haitiano.
La política norteamericana de darle la espalda a la solución del problema histórico de Haití, con la finalidad de que sea la República Dominicana que absorba su exceso de población, constituye un desatino imperdonable. La tasa de crecimiento de la población dominicana y decrecimiento de la haitiana se puede verificar en los censos de la ONE desde 1920 hasta 2002 y la haitiana desde 1922 hasta 2001, lo cual es un absurdo en razón de que los haitianos que trafican ilegalmente hacia nuestro país son censados como dominicanos. De ahí el comportamiento distinto de ambas tasas de crecimiento. Situación esta que se refleja además en el padrón electoral que elabora la JCE en períodos electorales. Los porcentajes de dominicanos mayores de 18 años desde 1934-2020 pasaron de un 56% en 1934 hasta un 78% en 2020, lo cual no tiene ningún tipo de justificación que no sea el transferimiento de una población haitiana adulta hacia el territorio dominicano.
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