El Gobierno brasileño informó este miércoles que durante cuatro meses aplicará una tasa de exportación de un 9,2 % al petróleo bruto, una medida con la que pretende recaudar 6.600 millones de reales (alrededor de 1.270 millones de dólares).
«La sostenibilidad económica se garantiza poniendo un impuesto a las exportaciones del 9,2 %, que grava la parte de la cadena que genera menos valor, en este caso, el crudo», escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.
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Se trata, explicó, de una medida acorde con el objetivo del gobierno de «recomponer el presupuesto público; tanto desde el punto de vista de los gastos, como de los ingresos».
Ese impuesto, que entró en vigor este miércoles, supondrá un impacto del 1 % sobre los beneficios del gigante estatal Petrobras.
Recomponer los ingresos
«Necesitamos recomponer los ingresos que se vieron perjudicados por el gobierno anterior al intentar revertir las elecciones con medidas demagógicas que comprometieron en gran medida la sostenibilidad fiscal de Brasil para 2023», dijo Haddad.
El ministro se refería a la polémica decisión del gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, tachada de electoral por la oposición de cara a las elecciones de octubre, de suspender los impuestos a la gasolina y el etanol en medio de un alza de la inflación, especialmente en el precio de los combustibles.
Al llegar al poder el pasado 1 de enero, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva decidió mantener esa suspensión. Pero la delicada situación fiscal que atraviesa el país obligó a su gobierno a aplicar parcialmente de nuevo esos impuestos.
De exportación
La medida generó inquietud en el sector y una abrupta caída de las acciones de Petrobras. En un comunicado, el Instituto Brasileño de Petróleo y Gas (IBP) apuntó este miércoles que ve «con gran preocupación» el impuesto a la exportación del petróleo crudo, que es el tercer producto más importante en la balanza comercial brasileña.
«La tributación de las ventas externas, aunque de forma temporal, puede impactar a la competitividad del país a medio y a largo plazo; además de afectar a la credibilidad nacional en lo relativo a la estabilidad de las reglas», afirma la nota.
Fuente: Actualidad RT
