Los Ángeles. – El gobernador de California, Gavin Newsom, respaldó un nuevo proyecto de ley estatal que permitiría a los residentes del estado demandar a los fabricantes de armas.
De esa misma forma en que Texas permite a sus habitantes llevar a las cortes a los proveedores de servicios de aborto.
Junto al fiscal general de California, Rob Bonta, Newsom apoyó el proyecto de ley AB 1594 que, de ser aprobado, restauraría los derechos de los californianos para responsabilizar a la industria de armas de fuego por «mala conducta».
La propuesta se basa en una ley de Texas que permite a sus ciudadanos hacer cumplir la prohibición de abortos de ese estado una vez que se detecta un latido fetal.
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La maniobra política permitiría a los californianos demandar a los productores de armas para hacer cumplir la prohibición estatal de armas de asalto.
“Si Texas puede usar una ley para prohibir el derecho de una mujer a elegir y así poner en riesgo su salud, usaremos esa misma propuesta para salvar vidas y mejorar la salud y la seguridad de las personas en el estado de California”, dijo el gobernador.
California y su proyecto de Ley
También consideró que el proyecto de ley se presenta como un reto para la Corte Suprema de Estados Unidos, que de ponerse del lado de la ley del aborto de Texas debería también respaldar el proyecto de ley de California contra las armas, o de lo contrario expondría su “hipocresía”.
“No hay una forma en la que la Corte Suprema de Estados Unidos no pueda defender esta ley de California. Ninguna”, advirtió Newsom, suponiendo que el máximo tribunal apoye la ley del aborto de Texas, que se encuentra en sus manos.
Por su parte, Bonta señaló que “ninguna industria debería obtener una exención especial para proteger a sus clientes, pero especialmente una industria responsable de la muerte de miles de estadounidenses cada año”, al referirse a los productores de armas.
Explicó que en 2005, el Gobierno federal despojó a los estadounidenses del derecho a responsabilizar a los fabricantes y distribuidores de armas por el daño que causa su conducta cuando sus productos se usan ilegalmente, dejando solo una pequeña excepción para tales demandas.
“Hoy, utilizando esa excepción, comenzamos el proceso de restauración de estos derechos en California”, sentenció el fiscal.
