Santo Domingo.- Según Participación Ciudadana, el manejo de la justicia en el caso Medusa es calificado como «accidentado» y afirmó que fue aplazada 94 veces la audiencia preliminar, por diversos motivos e incidentes desde celebración de bodas, recusaciones, funerales, razones de salud y graduaciones.
En el caso Medusa -que lleva casi tres años- el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y otras 40 personas y 22 sociedades son imputados por supuestamente estafar al Estado por más de RD$6,000 millones de pesos.
Participación Ciudadana detalló que “la audiencia preliminar tuvo que ser aplazada 94 veces antes de que el juez Amauri Martínez pudiera tomar su decisión sobre el caso, enviando a juicio de fondo a los imputados”.
Según esta entidad, la principal causa de dilación fue la decisión del magistrado Martínez de que se leyera el expediente completo de 12,274 páginas, lo cual se tomó casi seis meses y provocó 45 de los 94 aplazamientos.
Participación Ciudadana criticó que en el Caso Medusa no se cumplió lo establecido en el Código Procesal Penal, que dispone que en audiencia preliminar se lean las partes relativas a los hechos y su calificación jurídica. “Esto serían solo 1,300 páginas, que pudieron haberse leído en un mes”.
En su Segundo Informe del Observatorio de Expedientes de Corrupción en la Justicia, la entidad informó que la recusación de jueces sigue siendo utilizada para dilatar los procesos, llegándose en este caso no solo a recusar al juez, sino además a todos los jueces de la corte que debían decidir la recusación.
La organización expuso que el análisis detallado del proceso se realizó para medir la eficiencia del sistema de justicia y prevenir al país ante maniobras que pudieran derivar en situaciones que repitan la historia de impunidad de la corrupción que ha vivido el país.
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El inicio del juicio de fondo fue fijado para el 23 de septiembre de este año, para lo cual fue apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Keila Pérez Santana e integrado por los magistrados Elías Santini y Arisleida Méndez.
A casi tres años en el proceso judicial, Participación Ciudadana expresó su expectativa de que el referido tribunal “vele por la eficiencia, honre la responsabilidad que le asignan la Constitución y las leyes y dicte sentencia sujeta a las pruebas que sean presentadas, decidiendo el fondo del caso”.
