Pekín. – China ejecutó a un hombre que permaneció a la fuga durante 17 años tras asesinar a sus suegros en 2003, reveló este martes la prensa judicial del país asiático.
El reo, llamado Zhuo Youting, llegó en busca de su esposa a casa de su familia política, en la provincia de Qinghai (oeste), el 24 de junio de 2003, a lo que siguió una fuerte discusión con su suegro, de 73 años en aquel momento.
Zhuo acabó golpeando repetidamente a su suegro en la cabeza, causando su muerte.
Acto seguido, se dirigió hacia una habitación en la que se encontraban su cuñada (22 años) y su suegra (65 años), a quien acabó asestando cortes mortales en el cuello con un cuchillo de cocina mientras amenazaba a su cuñada con violarla si pedía ayuda, advertencia que acabó haciendo realidad.
Puedes leer: Policía habría golpeado menor de edad durante confuso incidente en Santiago
Después del ataque, al que la cuñada sobrevivió con heridas leves, Zhuo se dio a la fuga.
Según el medio Rule of Law Daily, debido a las «limitaciones de la capacidad investigadora en aquel entonces», Zhuo pareció «evaporarse».
En mayo de 2020, las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 50.000 yuanes (7.300 dólares, 6.800 euros) por pistas que condujesen al arresto del fugitivo.
El 3 de junio de ese año, una comitiva de caza descubrió que en el término municipal de Yeniugou (oeste); una zona escasamente poblada, había un hombre llamado Xiao Liu que se ganaba la vida pastoreando rebaños de ganaderos locales.
Ese mismo día quedó arrestado y, poco después, confesó sus crímenes ante la Policía.
Zhuo
El tribunal que lo condenó a muerte señaló los medios «particularmente crueles» de los ataques.
El pasado domingo, Zhuo quedó ejecutado tras mantener una última reunión con sus familiares, señaló el medio.
Las autoridades chinas no facilitan datos oficiales sobre el número de condenados a muerte, pero en el informe relativo a la pena capital de 2021 elaborado por Amnistía Internacional, la organización apuntó que «China continúa siendo el mayor verdugo del mundo», aunque sigue considerando los datos sobre ejecuciones como secretos de Estado e impide su escrutinio independiente.