Carlos Pimentel y Antoliano Peralta también deben ir presos, afirma Martínez Pozo
Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas habría sido notificada de las irregularidades del contrato de la empresa Transcore Latam SRL, que gestionaba la red semafórica del Gran Santo Domingo, 10 días antes de la firma y guardaron silencio, reveló el comunicador Julio Martínez Pozo.
En el programa «El Sol de la Mañana», Martínez Pozo dice que el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel fue notificado mediante acto de alguacil el 7 de Junio del 2023 por parte de la empresa Sintrascore Latinoamericana, que denuncia el uso de información indebida «dolosamente presentada como propia» por parte de Transcore Latam SRL en la licitación para los servicios de modernización, ampliación y gestión del sistema del centro de control de tráfico y red semafórica del gran Santo Domingo.
«Esto lo conoce Compras y Contrataciones 10 días antes de que se firmara ese contrato, ¿Usted sabe que hizo Compras y Contrataciones?, guardó esto y 5 meses después es que lo saca. Es decir no podía guardarlo porque todavía el contrato no estaba firmado y como Compras y Contrataciones tiene el control preventivo, al enterarse de eso debió proceder a objetar que se firmara ese contrato, pero no procedió y se quedó en silencio», explicó el periodista.
Agrega que la periodista Alicia Ortega saldría a denunciar esto y Carlos Pimentel se le adelantó a Ortega sustentando una serie de denuncias respecto a esas irregularidades.
En ese sentido, Martínez Pozo dijo que Pimentel no ejerció un control preventivo pese a estar enterado por la notificación, igual que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, por lo que ambos deberían ser investigados.
Dijo además que cuando la licitación se colocó en el portal todavía no se había hecho la transferencia de los fondos y Compras y Contrataciones «mandó a tumbar» el portal hasta tanto se colocaran los fondos para que no se cayera el proceso de licitación.
Operación Camaleón
El Ministerio Público depositó el viernes la solicitud de medida de coerción contra los imputados en la Operación Camaleón, señalados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica y robo de identidad. Además, los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicitaron la declaratoria de complejidad del proceso.
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Los imputados en la Operación Camaleón son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
