Santo Domingo.- El contralor general de la República informó hoy que esa institución está subiendo en su Portal Web (www.contraloría.gob.do) un total de 19 informes de auditorías correspondientes a la actual gestión, con el fin de honrar la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Constitución de la República, la Ley 10-07 y su reglamento, como una muestra del ejercicio de un gobierno honesto.
Félix Santana García dijo que estas auditorías se publican para potenciar el régimen de transparencia en la gestión pública, de modo que la sociedad pueda conocer, evaluar, ponderar y ejercer su rol de ciudadanía frente a los funcionarios que administran la cosa pública, prerrogativas de las cuales deben gozar en el marco del Estado social, democrático y de derecho que nos rige.
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El contralor general de la República compareció ante los medios de comunicación, desde el salón de reuniones de esa dependencia de la Presidencia de la República, para informar sobre la segunda publicación de las auditorías realizadas a instituciones del Estado.
A continuación, el texto íntegro de las declaraciones de Félix Santana García:
“La capacidad institucional de un país es inmadura, cuando no se dispone de Sistemas Nacionales de Control Interno que se sostengan a través del tiempo y por los cuales se rinda cuenta y se obtenga aseguramiento independiente sobre su efectividad”. (Ulises Guardiola-Rojas, 2023).
Pueblo dominicano, hoy comparezco públicamente ante ustedes en mi calidad de Contralor General de la República para informar lo siguiente:
La Contraloría General de la República es una institución clave para el fortalecimiento institucional, debido a que por disposición del artículo 247 de la Constitución dominicana, es el “el órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno, que tiene la responsabilidad de ejercer la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo, uso e inversión de los recursos públicos”.
Conforme a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Dominicana No. 10-07, la Contraloría tiene facultad para:
a) Establecer las disposiciones, normas, políticas y directrices dentro del ámbito de su competencia, las cuales son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de las entidades y organismos bajo su ámbito.
b) Realizar investigaciones administrativas sobre desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en su atribución evaluadora, a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de la señalada ley, remitiendo los resultados de las investigaciones, cuando el caso lo amerite, al Ministerio Público.
c) Establecer responsabilidades de carácter administrativo y civil de los servidores públicos, que detecte en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, con base en los informes de evaluación de auditoría interna, sin importar su modalidad.
A pesar de estas facultades y competencias de la Contraloría General de la República, nunca se aplicaron, por lo que su rol institucional quedó en un segundo plano, respecto a las auditorías en sus diversas modalidades. Sin embargo, a partir del ascenso al poder del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, este estado de pasividad quedó atrás y hoy la Contraloría continúa reivindicando su rol institucional.
Actividades inherentes a la Contraloría fueron reactivadas, se puso en funcionamiento el Sistema Único de Gestión de Pagos (SUGEP), se continúan con inauguraciones de nuevas Unidades de Auditoría Interna y se estableció la Unidad Antifraudes.
La Unidad de Auditoría Interna, por mandato del presidente de la República, lleva a cabo más fiscalizaciones o auditorías en las distintas instituciones del Estado, en el marco de la Ley 10-07, las cuales se publican periódicamente, como sucedió recientemente, que fueron publicadas 18 informes de auditorías, acción única e histórica en los 94 años de existencia de la Contraloría General de la República.
Estas auditorías de gestión de los fondos apropiados en el Presupuesto General del Estado son aplicadas en el marco de las Normas del Control Interno del Sector Público emitidas por la Organización Internacional de las Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), con base en el Marco Integrado del Control Interno del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (COSO), referente internacional de la buena práctica del control interno y el Marco de Referencia para la evaluación de la gestión de las finanzas públicas (PEFA), lo cual garantiza la calidad de los resultados de las auditorías.
El proceso de fiscalización o auditoría aplicada a las instituciones bajo el ámbito de la Ley del Sistema Nacional del Control Interno y la Contraloría, se inicia con una comunicación dirigida al incumbente de la institución objeto de la auditoría, mediante la cual se le informa el inicio del proceso de la Auditoría Interna de Enfoque General, que abarca el levantamiento y evaluación de las informaciones financieras y de gestión operacional. A través de la misma comunicación se presenta el equipo de auditores acreditados que intervendrán en la realización de la auditoría.
Asimismo, días después se remite otra comunicación, en la que se le informa a la misma institución a ser auditada, que, para facilitar la experticia, se le requieren todas las informaciones correspondientes al período a ser auditado, las cuales se utilizarán por el equipo de auditores para fines de planificación y ejecución de la auditoría.
Ya en el campo mismo de la auditoría se conocen los reportes y estructura, lo que comprende: reportes del área financiera, ejecución presupuestaria, Estados Financieros, Control Interno, Estructura Organizacional. También todo lo relativo a la tesorería, que comprende: caja general, caja chica, conciliaciones bancarias y readecuaciones.
De igual modo, los inventarios, los activos fijos, las cuentas por pagar, proceso de compras y contrataciones y lo relativo a la gestión del capital humano, que incluye: comparación del sistema de nómina SASP y el gasto de nómina, diferencia entre lo reportado en la Tesorería de la Seguridad Social y las contribuciones a la Seguridad Social, diferencia entre el pago a la Tesorería de la Seguridad Social y la retención a empleados en nómina, según la Ley 87-01, personal en nómina de contratados que excede el tiempo establecido.
Una vez concluida la auditoría y elaborado el informe, este se remite a la institución auditada, a los fines de que elaboren un informe contentivo de las réplicas o argumentos que el área de la Dirección Administrativa y Financiera (DAF) de dicha institución considera debe enviar a la Contraloría respeto a los hallazgos que ha detectado la auditoría.
Una vez remitida la comunicación de la institución auditada con sus réplicas a la Contraloría General, los auditores de la unidad de auditoría dan respuesta a estas y se incluyen en el texto mismo de la auditoría. Luego se envía el informe de la auditoría al presidente de la República, quien ha tomado la decisión de autorizar su publicación en la página web de la Contraloría.
Finalmente, se envía una comunicación a la institución auditada, contentiva de la solicitud de elaborar un plan de mejora de las debilidades y errores encontrados o detectados por la auditoría, en el marco del control interno, a los fines de subsanar los errores y malos procedimientos aplicados a la luz de las normas, principios y resoluciones emanadas de la Contraloría, con el propósito de presentar en próximas auditorías una mejor gestión administrativa y financiera.
En cumplimiento del procedimiento previamente indicado, por instrucción del presidente Luis Abinader Corona, hombre honesto, estamos subiendo en la sección de trasparencia del Portal web de la Contraloría General de la República, un total de 21 informes de auditorías, que corresponden a la actual gestión, a los fines de honrar la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, la Constitución de la República, la Ley 10-07 y su reglamento, como muestra del ejercicio de un gobierno honesto.
Estas auditorías se publican para potenciar el régimen de transparencia en la gestión pública, de modo que la sociedad pueda conocer, evaluar, ponderar y ejercer su rol de ciudadanía frente a los funcionarios que administran la cosa pública, prerrogativas de las cuales deben gozar en el marco del Estado social, democrático y de derecho que nos rige.
Las instituciones auditadas son el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Dirección General de Desarrollo Fronterizo, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Fuerza Aérea de República Dominicana, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Instituto de Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Ministerio de Defensa, Dirección General de Minería, Ministerio de Deportes y Recreación, Ministerio de Turismo, Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y la Superintendencia de Electricidad.
El contralor Santana García en su comparecencia estuvo acompañado de Francisco Tamárez Florentino, responsable de Auditorías; Rolando Saldívar Mota, director de Auditorías Especiales, y Cecilio Disla, director de Auditoría Interna.
