La propuesta de ley del diputado Agustín Burgos, representante de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de que sean apresados quienes consuman alcohol en lugares públicos ha causado revuelo entre los ciudadanos que ven lo mismo como algo absurdo.
Ciertamente, el consumo de sustancias como el alcohol ha sido parte de la alta tasa de accidentes de tránsito que tiene el país, y eso debe ser prevenido por el Estado, pero sanciones radicales no serían la mejor opción dentro de la sociedad dominicana del siglo XXI; quizás la cura traería otras consecuencias.
A diferencia de otros países del continente, los legisladores y otras autoridades deben estar claros de que la República Dominicana se desarrolló permitiendo que sus ciudadanos puedan vender, comprar y consumir bebidas alcohólicas, algo que ya es parte de la cultura local, y limitarla de forma pública podría causar reacciones negativas en la mayoría de la población.
Decía el ya extinto neurólogo y Premio Nacional de Medicina, José Silié, que una de las ventajas de los dominicanos, en temas de salud mental, es que pueden salir a tomar un trago en cualquier esquina, desahogarse hablando en un colmado; siendo esto una terapia que ha servido para mantenernos con números muy bajos en el desequilibrio mental de la población, y muestra de eso es compararlo con las naciones donde tomar en las calles está prohibido.
