El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council incoaron la demanda en un tribunal federal de Miami en contra del gobernador de Florida Ron DeSantis, la fiscal general del estado Ashley Moody, y el fiscal estatal Nicholas B. Cox a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos, según registros de la corte.
La iniciativa que el republicano DeSantis promulgó en mayo refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que carecen de estatus legal permanente. También expande los requerimientos para que los negocios con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si las personas pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Otras disposiciones requieren que los hospitales que aceptan el seguro de salud Medicaid incluyan una pregunta sobre la nacionalidad en las formas para el ingreso.
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La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma ilícita y que desde entonces no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal.
Una demanda
La denuncia afirma que es inconstitucional que un estado regule de forma unilateral la inmigración federal y castigue penalmente a las personas sin previo aviso. También dice que el uso por parte de Florida del término “inspección” no es coherente y es inconstitucionalmente ambiguo.
DeSantis lanzó en mayo su campaña para la nominación presidencial por el Partido Republicano para las elecciones de 2024, promoviendo su postura estricta contra la inmigración ilegal. El gobernador ha ordenado el despliegue de elementos de la Guardia Nacional de Florida hacia Texas para labores de seguridad fronteriza, y ordenó al estado cubrir el costo de los vuelos alquilados que llevaron a migrantes desde Texas hacia otras partes del país.
