Santo Domingo. – A modo de denuncia comentó hoy el periodista Hansel García el caso del empresario Mayker Bienvenido González Espinal, propietario de la empresa de block y agregados González Espinal, la cual no ha contado nunca con un permiso de explotación y extracción de materiales a su nombre.
La denuncia contra el empresario ocoeño ha salido a la luz desde el pasado año 2024 y el programa Bajo el Foco se hizo eco de la misma, realizando una profunda investigación en torno al caso de las manos de la periodista Pamela Rojas.
«Está haciendo una segunda solicitud de permiso de exploración en El Cachón de Barahona, pero resulta que en la zona donde esta empresa de block y agregados González Espinal está haciendo la solicitud para la exploración, es una zona que, según ambientalistas de la zona y comunitarios, es una zona de afluencia, es una zona de fuentes acuifera de la cual nacen varias fuentes que alimentan al rio Yaque del Sur y otros recursos naturales que saldrían amenazados», dijo Hansel García.
Ver también: Comunitarios y asociaciones marchan contra instalación de grancera en Barahona
Muchos se preguntan quien protege a este empresario debido a que su empresa tiene 20 años operando y nunca ha contado con un permiso a su nombre sino que se suple de otros que sí cuentan con los debidos permisos, algo que no es ilegal.
Protección política
El empresario Mayker González Espinal supuestamente tiene mucha influencia política, incluyendo en la dirección de Mina, dependencia del Ministerio de Energia y Minas, mediante el director de Mina, Rolando Muñoz.
En ese mismo punto se ha comentado que González Espinal apoya a candidatos de la zona sur y que incluso participa en inauguraciones de obras relacionadas con el sector público.
Protestas
El pasado mes de junio 2024, decenas de organizaciones sociales, grupos ambientalistas, juntas de vecinos y gremios profesionales de la región sur se manifestaron contra la instalación de una grancera en el Distrito Municipal El Cachón en Barahona.
Domingo Feliz, presidente de la Asociación de Juntas Incorporadas de la Región Enriquillo, alertó a las autoridades que la grancera representa una amenaza para el medio ambiente y los recursos naturales, por lo que aseguraron que no permitirán su instalación.
