Santo Domingo. – La Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel Garcia Mejía depositaron este jueves una querella ante el Departamento Especializado de Persecución de la Corrupción Administrativa (DEPCA) en contra del ministro de Obras Públicas Deligne Ascensión Burgos, por supuestamente cometer graves irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de la Autopista de San Isidro.
Mediante una rueda de prensa en las afueras de la Procuraduría General de la República, Surún Hernández denunció que la ampliación de la autopista San Isidro tiene más de 600 millones de pesos en sobrevaluación y que dicha obra fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Tanto Hernández como el comerciante Manuel García Mejía explicaron en la querella depositada que la constructora Cogusa SRL también varió el diseño original de dicha autopista, adicionándole una marginal y un muro que elimina los retornos, reduciendo los carriles de 6 a 4, cerrando el acceso a los comercios y residenciales, incluyendo el cierre de varias calles, trastornando el tránsito y la vida de los residentes y de cientos de comerciantes de la zona, quienes se encuentran condenados a la quiebra por el cierre de accesos a sus negocios.
Igualmente, Surún explicó que la ampliación no ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, por lo que, «el ministro de Obras Públicas ha incurrido en los crímenes de prevaricación, usurpación de funciones, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los articulos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal».
De igual modo, el comerciante García Mejía manifestó que la construcción de este muro entre las avenidas Charles de Gaulle e Hípica afecta de manera directa las actividades de los negocios y limita el paso peatonal en perjuicio de residentes y visitantes de la zona.
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Según los denunciantes, hasta la fecha no se ha mostrado un informe técnico administrativo que justifique dicha reducción, y peor aún, no se ha transparentado esa reducción en los montos contratados inicialmente, por lo que, se evidencia un uso incorrecto de los recursos del Estado y violación al libre tránsito peatonal y vehicular derechos contemplados en la Constitución de la República.
