Santo Domingo.- La decisión de la jueza Fátima Veloz de imponer medidas de coerción contra los 10 imputados en el caso Operación Pandora ha generado un fuerte debate entre los abogados de la defensa. Mientras algunos critican severamente el rol del Ministerio Público, otros respaldan las medidas, aunque aseguran que recurrirán a apelaciones para modificar la sanción impuesta.
Posturas divididas
Un grupo de abogados ha señalado que el Ministerio Público ha actuado con parcialidad y abuso de poder, afirmando que mantiene “secuestrada la justicia” al presentar cargos que, según ellos, carecen de suficiente sustento probatorio. Estos letrados consideran que las medidas de coerción impuestas, en especial la prisión preventiva contra siete de los acusados, son desproporcionadas y violan el principio de presunción de inocencia.
Por otro lado, otro sector de la defensa ha manifestado su respaldo a las medidas dictadas, pero sostiene que los plazos y condiciones no son justos para sus clientes. Estos abogados anunciaron que interpondrán recursos de apelación en los próximos días, con el objetivo de reducir los periodos de prisión preventiva o buscar alternativas menos restrictivas, como arresto domiciliario o presentación periódica.
Resumen de las medidas dictadas
La jueza Veloz, tras deliberar durante cuatro horas, impuso las siguientes medidas:
1. Prisión preventiva por 18 meses, a cumplirse en la cárcel de Operaciones Especiales, para:
• Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, señalado como el principal responsable del desvío de más de 900 mil proyectiles.
• Subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
• Capitán Nelson Valdez.
• Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio.
• Cabo Juan Luis Díaz Medina.
• Rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina.
2. Garantías económicas y medidas restrictivas:
• Víctor Manuel Santos, auditor, deberá pagar tres millones de pesos, presentarse periódicamente ante las autoridades e informar cualquier salida del país.
• Miguel Ángel Gómez Espaillat, sargento mayor, recibió las mismas restricciones, pero con una garantía económica de dos millones de pesos.
3. Arresto domiciliario:
• Miguelina Bello Segura, única civil en el caso, quien habría colaborado con la red y firmó un acuerdo con el Ministerio Público para continuar aportando información en el proceso judicial.
El debate sobre el rol del Ministerio Público
El Ministerio Público ha defendido su accionar, asegurando que las pruebas presentadas son contundentes y suficientes para sustentar las medidas. Según las investigaciones, los imputados formaban parte de una red que desvió de forma ilícita más de 900 mil proyectiles de los depósitos oficiales de la Policía Nacional para comercializarlos de manera irregular.
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Por su parte, los abogados críticos al proceso han acusado al Ministerio Público de convertir el sistema de justicia en un mecanismo de persecución mediática, argumentando que las pruebas presentadas carecen de base legal suficiente para justificar las medidas impuestas.
Apelaciones y próximos pasos
Se espera que los recursos de apelación sean presentados en los próximos días por parte de la defensa, lo que podría reconfigurar las medidas de coerción impuestas. Mientras tanto, los imputados permanecerán bajo las condiciones establecidas por el tribunal, mientras el caso sigue su curso en una investigación que promete revelar más detalles sobre esta red delictiva.
La Operación Pandora continúa siendo uno de los casos más mediáticos y divisivos de los últimos años, dejando al descubierto profundas tensiones entre el Ministerio Público, la defensa y el sistema judicial dominicano.
