Redacción.- La Dirección Central de Investigación (Dicrim), de la Policía Nacional, realizó un operativo nacional entre el 1 y el 5 de septiembre de 2024.
Esta acción resultó en múltiples detenciones por diversos delitos en varias provincias del país.
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El operativo abarcó una amplia gama de infracciones, desde violaciones a órdenes de alejamiento hasta casos de homicidio, demostrando el compromiso de las autoridades con la aplicación integral de la ley.
Entre los casos más destacados se encuentra la detención de Osvairy de Jesús Reyes Gil, alias «Morenay» o «Calalao», quien se entregó voluntariamente en La Vega el 2 de septiembre, enfrentando una acusación de homicidio.
En el ámbito de los delitos contra la propiedad, se realizaron múltiples arrestos por robo en varias localidades. En Jimaní, Anderson Heredia, conocido como «Buloba», fue detenido por el robo de una escopeta y otros objetos. Mientras tanto, en Barahona, cuatro personas fueron arrestadas en relación con robos y estafas electrónicas, incluyendo a Yoandy Ernesto Ferreras Pérez, alias «Ñoño», acusado de robar dispositivos electrónicos.
Las autoridades también enfocaron sus esfuerzos en combatir la posesión ilegal de armas de fuego. En Santiago, allanamientos resultaron en la incautación de armas sin documentación y la detención de sus poseedores. En Barahona, Jonathan Holguín Benítez fue arrestado en flagrante delito por portar una pistola Glock sin la documentación requerida.
El operativo también abordó casos de violencia doméstica y delitos sexuales. En Mao, provincia Valverde, Noel Antonio Gómez Rivera fue detenido por presunta implicación en un caso de violencia intrafamiliar. En San José de Ocoa, Juan Gabriel Troncoso Abreu fue arrestado bajo acusaciones de abuso sexual de un menor.
Además, se ejecutaron órdenes de arresto contra individuos prófugos de la justicia en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y La Altagracia, donde varias personas con requerimientos pendientes fueron detenidas.
Estas acciones continuarán con el fin de mantener un clima de seguridad y convivencia pacífica, en línea con la misión establecida en la Constitución.
Los detenidos y los bienes incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procesos judiciales correspondientes.
