Santo Domingo.- La Jueza Kenya Romero de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este lunes 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a 11 de los 18 imputados en la Operación Cattleya.
Mientras que a los demás acusados, se les impuso presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica de hasta un millón de pesos.
Kenya Romero tomó la decisión al acoger de manera parcial el pedimento de los fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícitos de Migrantes y Tratas de Personas (Pett).
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Además, la magistrada rechazó el pedimento que hiciera el Ministerio Público de que sean clausurados los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
Asimismo, declaró el caso complejo y pautó la revisión obligatoria de la medida de coerción, que deberá ser conocida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción el 29 de noviembre.
Los que irán a prisión preventiva
La prisión preventiva fue dictada en contra de Zaffiro Nataly Sánchez, Robert Lee Paniagua Díaz, Angélica Quintero, José Alberto Soriano Rosario (a) Cirujano, supuestos líderes de esta red, así como a José Miguel Michel Guridis (a) Michel, Daniel Enrique Inirio Abreu.
También Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Cristina González Hernández, Oscar Wicene, María Paula, Dionicio Mieses de la Cruz (Alias Dionis), teniendo este último que cumplir la prisión preventiva en operaciones especiales y los demás en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo, así como en los centros penitenciarios de Higüey, en la provincia La Altagracia, Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Otras medidas
Asimismo, la jueza dictó presentación periódica, el pago de una garantía de un millón de pesos con aseguradora e impedimento a la imputada Engel Nefthali Vargas y presentación periódica e impedimento de salida a Melvin Valentía Peguero.
A Timothy Willian Case se le impuso presentación periódica y garantía económica de un millón de pesos e impedimento de salida, entre otros.
Acusación del MP
Al grupo se le acusa de integrar una red que traía a República Dominicana mujeres desde Colombia y Venezuela para prostituirlas, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
Los imputados, junto a otros arrestados, tenían bajo su control a unas 80 víctimas, ha establecido el Ministerio Público, a quienes explotaban sexualmente.
