Redacción .-La administración Biden profundiza la presión política sobre el gobierno de Nicolás Maduro, mientras define las sanciones migratorias y financieras que aplicará al Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la cadena de mando de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela por el supuesto ¨fraude¨ en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.
“En lugar de responder a las demandas del pueblo venezolano de transparencia y democracia, Maduro ha intensificado la represión mediante amenazas con objetivos políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza”, sostuvo Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado.
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Las declaraciones de Miller irrumpen cuando la comunicación extraoficial entre la Casa Blanca y el gobierno venezolano es infructuosa. Hay un backchannel abierto entre Washington y Caracas, pero los altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y del Departamento de Estado no pueden perforar la ambigüedad del diputado Jorge Rodríguez, representante de Maduro en las conversaciones con Estados Unidos.
La jefatura populista ya asumió que Biden impondrá sanciones al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y a la cúpula de las Fuerzas Seguridad. Sin embargo, esta decisión tomada en el Salón Oval no ha impactado en la agenda.
El análisis que se hace en el Departamento de Estado y el Ala Oeste de la Casa Blanca es que Maduro optó por esperar los resultados de las elecciones en Estados Unidos -convocadas para el 5 de noviembre-, y a partir de allí abrir un espacio de diálogo con el staff para América Latina del sucesor de Biden.
Estados Unidos aplaude el coraje y la resiliencia de los millones de venezolanos que votaron y que siguen pidiendo pacíficamente que Maduro reconozca que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos”, añadió el vocero Miller.
González Urrutia y María Corina Machado tienen contacto directo con la Casa Blanca y el Departamento de Estado, y la principal preocupación de estos líderes opositores es preservar la capacidad de movilización de la sociedad venezolana y evitar que continúe las detenciones arbitrarias.
Anoche en Washington, la administración demócrata analizaba qué pasos se darían ante una eventual orden de captura contra González Urrutia, que fue citado en la fiscalía por instrucción directa de Maduro. El excandidato presidencial está escondido y ya sabe que es un blanco móvil.
Si Maduro finalmente autoriza la captura de González Urrutia, Estados Unidos, sus aliados regionales y la Unión Europea pondrán en marcha un movimiento de repudio global a la decisión política en Venezuela. Y habría una convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU y al plenario de la OEA para denunciar de nuevo los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro.
Hoy será un día clave para la crisis en Venezuela. El gobierno iría otra vez contra González Urrutia: primero le robó la elección y ahora lo quiere detener sin causa.
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