El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) se enfrenta a crecientes peticiones, incluso por parte del gobierno del presidente Joe Biden, para que se lleve a cabo una investigación externa sobre posibles faltas de ética por su relación íntima con una de sus subordinadas.
El propio inspector general de la OEA, con sede en Washington, dijo en un memorando esta semana que lo mejor para la organización es contratar a una firma externa para que investigue las denuncias de que el secretario general Luis Almagro pudo haber violado el código interno de ética.
La recomendación del inspector general se basó en un reporte de The Associated Press que descubrió que Almagro mantenía una relación con una empleada mexicana que fue descrita, incluso en el sitio web de la organización, como “asesora principal” del secretario general.
El inspector general dijo que el informe de AP siguió a una denuncia anónima y vagamente detallada enviada a su oficina por el propio Almagro el 3 de junio.
El código de ética de la organización creada para la consolidación de la paz y la democracia en América prohíbe a sus directivos supervisar o participar en las decisiones que benefician a las personas con las que tienen una relación sentimental.
La propuesta de contratar una firma externa para que investigara el comportamiento de Almagro se analizará el miércoles durante la próxima reunión del Consejo Permanente de la OEA, de 34 miembros.
Estados Unidos, que este año ha contribuido con cerca de la mitad de los 100 millones de dólares en fondos de la organización, ya ha expresado su apoyo a una investigación externa antes de la reunión.
“Tomamos estas acusaciones en serio”, declaró un portavoz del Departamento de Estado a la AP en un correo electrónico. Agregó que cualquier violación a las normas de ética de la OEA “debe ser investigada de manera justa e imparcial por una entidad adecuada de investigación externa”.
Sin embargo, al menos cuatro miembros de la organización —la Uruguay natal de Almagro, Antigua y Barbuda, Belice y Santa Lucía— han respaldado públicamente proyectos de resolución que plantean dudas sobre el costo de una investigación externa, en momentos en que el organismo hemisférico de 600 empleados está bajo presiones para recortar sus gastos.
Su punto de referencia es una investigación reciente sobre denuncias de conductas inapropiadas similares contra el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, quien fue acusado de tener una relación de larga data con su jefa de gabinete. La investigación de meses realizada por el bufete de abogados estadounidense Davis Polk determinó que Claver-Carone había violado las reglas de ética al favorecer a la asistente, allanando el camino para la destitución del presidente.
Las repetidas solicitudes de comentarios de Almagro sobre la posibilidad de una investigación externa, enviadas a la oficina de prensa del secretario general, no fueron respondidas.
Pero a diferencia de Claver-Carone, quien negó haber tenido alguna vez una relación con su ayudante, Almagro sólo ha dicho que nunca supervisó a la empleada y que no participó en ninguna decisión relacionada con empleos, como autorizar aumentos salariales. Anteriormente, prometió cooperar plenamente con cualquier investigación realizada por la máxima autoridad de supervisión de la organización.
Almagro también enfrenta críticas en otros asuntos administrativos.
Esta semana, México criticó a Almagro por supuestamente traicionar los deseos de los miembros de la OEA al renovar el contrato de la ombudsman de la OEA, Neida Pérez, días antes de que se aprobara en la reunión anual de la organización un plan debatido hace mucho tiempo para implementar un proceso abierto y competitivo para el puesto de liderazgo.
En septiembre, Almagro extendió unilateralmente el contrato de Pérez por cuatro años y México se quejó de que era un intento de adelantarse a esos nuevos procedimientos.
Durante una reunión sobre asuntos administrativos el 1 de noviembre, la delegación de México dijo en una declaración escrita que “desafortunadamente”, este no es un acto aislado, sino que forma parte de un patrón de conducta que desconoce la voluntad de los Estados y viola las instituciones de la OEA.
Pérez, cuyo contrato expiraba el 21 de octubre, dos semanas después de que se adoptaran los nuevos procedimientos, fue reprendida recientemente por el panel de revisión superior de la OEA por descuidar su deber de servir como árbitro imparcial de disputas laborales.
Esa reprimenda fue en respuesta al papel de Pérez que facilitó la destitución del jefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Almagro en 2020, un organismo administrado de forma independiente. El propio secretario ejecutivo de la comisión enfrentaba quejas en el lugar de trabajo, pero contaba con el apoyo unánime de los siete comisionados del organismo de control.
Almagro, de 59 años, fue elegido presidente de la OEA en 2015 con un apoyo casi unánime después de haber servido como canciller en el gobierno de izquierda de Uruguay, pero una vez instalado en Washington, hizo causa común con Estados Unidos al oponerse a los líderes izquierdistas en Cuba y Venezuela. Incluso una vez se hizo eco de la línea del presidente Donald J. Trump de que no descartaría el uso de la fuerza militar para destituir al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Almagro fue reelegido en 2020 con el apoyo de 23 de los 34 estados miembros. Más recientemente, a medida que la izquierda ha recuperado el poder en América Latina, han ido aumentando los llamados que piden su destitución.
El mes pasado, miembros del Grupo de Puebla —una organización de expresidentes y líderes políticos de 16 países— emitieron un comunicado pidiendo la destitución de Almagro, criticando su despido “amoral” del secretario del organismo de control de derechos y su intervención luego de elecciones desordenadas en Bolivia que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales y su reemplazo por un gobierno conservador respaldado por Estados Unidos.
