Madrid.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé prestar cerca de 35.000 millones de dólares (unos 32.300 millones de euros) cada año durante la próxima década para desarrollar proyectos en América Latina que versen sobre justicia social, cambio climático y crecimiento y productividad.
Así lo ha explicado este miércoles en Madrid el presidente del BID, Ilan Goldfajn, quien ha detallado que el año pasado el organismo prestó 24.000 millones de dólares y que el 40 % de esa cuantía fue destinada al sector privado.
La visita de Goldfajn a la capital española ha coincidido con la conmemoración de los 50 años de la entrada de España en el BID, y ha asegurado que el organismo es «un ejemplo de cooperación» entre América Latina y Europa y el mundo.
Goldfajn ha aprovechado la ocasión para comentar la iniciativa «BID for the Americas», que tiene como objetivo captar inversión y atraer a empresas europeas a participar en proyectos en la región.
«Ya tenemos 600.000 millones de inversión directa, pero hay una oportunidad muy buena de cambiar a un nuevo nivel» y de que, «por primera vez, América Latina se posicione en el mundo como parte de la solución del crecimiento global», ha dicho.
En este sentido, ha señalado que los empresarios europeos piden estabilidad política, jurídica y económica para invertir en la región, algo sobre lo que el BID puede trabajar mediante proyectos, por ejemplo, destinados a la digitalización de los gobiernos, que fomenten la seguridad ciudadana o que generen valores democráticos.
«América Latina necesita más de Europa, pero Europa necesita también a América Latina», ha asegurado el presidente del BID, al tiempo que ha detallado que la región cuenta con unos 5.000 proyectos de infraestructuras por desarrollar, aunque también los hay vinculados a la producción de energía o de alimentos.
Goldfajn ve necesario actuar sobre el empleo «informal»
Dentro de los objetivos marcados por el BID para los próximos años se encuentra la justicia social, algo para lo que Goldfajn ve imprescindible actuar sobre el empleo irregular, formalizando los contratos «informales», entendiendo que surgen de la necesidad, pero también que son trabajadores que no están protegidos.
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Para ello, ha abogado por facilitar la burocracia en sus gestiones, reducir su carga fiscal con mecanismos de recaudación que sean progresivos e incluyéndoles en el sistema financiero, para que éste sea la «puerta de entrada al empleo formal».
