El primer ministro de Perú reitera que Boluarte es «víctima» de una persecución fiscal

Lima.- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, reiteró este martes que una denuncia constitucional que ha presentado el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte demuestra que esta es víctima de una persecución fiscal, e hizo un llamado a la cautela para que este hecho no afecte a la gobernabilidad del país.

«Esta no es más que una muestra de la persecución sistemática en material fiscal que se le viene haciendo a la presidenta Dina Boluarte de manera indebida, inconstitucional e ilegal», indicó Adrianzén a los medios tras asistir a la sede del Congreso.

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El presidente del Consejo de Ministros sostuvo que el Ministerio Público «busca delitos donde no existen» y que a esta institución le faltaron argumentos para señalar a la mandataria.

«Esto es intolerable, y confiamos que el Poder Legislativo no lo va a dejar pasar», dijo al añadir que espera que el Congreso declarare esta denuncia improcedente y la archive.

La denuncia señala a Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo en el conocido como ‘Rolexgate’, el caso de los relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado previamente.

La Fiscalía la presentó este lunes ante el Congreso como parte de un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.

El documento deberá ser analizado, en primer lugar, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que determinará si procede antes de iniciar un periplo parlamentario que termina en el pleno, que, en última instancia, decidirá si recomienda acusar a Boluarte por este caso.

«El Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, va a declarar improcedente esta pretendida denuncia constitucional porque no encuadra en ninguno de los cuatros supuestos del (artículo) 117 (de la Constitución) ¿de qué se le puede acusar», agregó Adrianzén.

El artículo 117 de la Constitución recoge que un presidente peruano solo puede ser acusado por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso de forma irregular o por impedir su reunión o funcionamiento, o la del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

El primer ministro consideró, además, que esta denuncia es parte del ruido político «que afecta a los inversionistas» y pidió pensar en la imagen que el país andino está ofreciendo al exterior.

Recordó que solo hace unos días el pleno del Congreso rechazó tres mociones de destitución que se habían presentado contra la presidenta, algo que calificó como insólito y nunca antes visto en el parlamentarismo peruano.

«Permítanme llamar a la reflexión, permítanme solicitar cautela, prudencia. ¿Por qué tenemos que, todas las semanas, estar viendo denuncias, acusaciones constitucionales?. Eso genera inestabilidad, eso no contribuye a la gobernabilidad, eso no lo podemos aceptar», enfatizó Adrianzén.