Miami.- La extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a Estados Unidos para responder de tres delitos relacionados con lavado de dinero, se declaró este martes no culpable y pidió un juicio con jurado.
Díaz Guillén, que está presa desde su llegada el pasado 12 de mayo, compareció ante el juez William Matthewman en los tribunales de West Palm Beach, ciudad a unos 100 kilómetros al norte de Miami (Florida).
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La defensa, ejercida por la abogada Marissel Descalzo, sostiene, al contrario que la Fiscalía, que no hay riesgo de fuga y pide que se le conceda la libertad bajo fianza a la exfuncionaria venezolana.
El juez no se pronunció hasta ahora sobre esa petición, sustentada, entre otros motivos, en que supuestamente no tiene dinero propio y no puede regresar a Venezuela, porque su vida correría peligro, según la argumentación de su abogada.
La fianza la pagarían un familiar residente en el sur de Florida y amigos de Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, pendiente también de extradición a EE.UU. desde España, algunos de los cuales se personaron hoy ante el tribunal para expresar su voluntad de hacerlo.
Durante la audiencia de hoy se trató también de un posible conflicto de intereses de la defensora de Díaz Guillén.
La acusada firmó este martes un documento para hacer constar que sabe que su abogada defendió previamente a un exbanquero venezolano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, cuyo caso tiene conexiones con el suyo, lo que podría perjudicarla, pero pese a ello quiere que siga siendo su representante ante el tribunal.
Díaz Guillén y su esposo fueron muy cercanos a Hugo Chávez, quien fue presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 a causa de un cáncer.
Son conocidos como la «enfermera» y el «guardaespaldas» de Chávez, porque ella formó parte de su equipo de salud antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció del 2011 al 2013, y él fue su jefe de seguridad.
Afirma que no puede volver a Venezuela
Aparentemente sus relaciones con el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no son tan buenas, pues en 2016 se radicaron en España y dicen no poder volver al país.
Díaz Guillen tiene doble nacionalidad, española y venezolana, según los documentos del caso, y está acusada de cargos de «conspiración para cometer blanqueo de capitales» y «blanqueo de capitales».
En la misma causa está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
Gorrín, señala la acusación, «transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz, incluido dinero para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.»
El empresario de medios venezolano fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero», pero está prófugo de la justicia de EE.UU.
Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018, tras haber llegado a un acuerdo de declaración de culpabilidad.
Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados.
Tanto Díaz Guillén y su esposo como Gorrín están sujetos desde enero de 2019 a sanciones económicas por parte de un organismo del Tesoro de EE.UU., debido a su presunta participación en la red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.
