Santo Domingo. – La Justicia ha impuesto medidas de coerción que van desde prisión preventiva a garantía económica a tres hombres por su supuesta implicación en un robo electrónico en perjuicio de una entidad bancaria por valor de 50 millones de pesos, informó este viernes el Ministerio Público.
En un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) detalla que la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra Yoryi Benjamín Romero Payán y Bayardo Emilio Mejía de los Santos, quienes, respectivamente, cumplirán la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, y en el recinto penitenciario de Baní, en la provincia de Peravia.
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A Pedro Ernesto Jacobo la magistrada le impuso una garantía económica en efectivo de 300,000.00 pesos, impedimento de salida del país sin previa autorización judicial y presentación periódica los días 30 de cada mes ante el Ministerio Público investigador durante seis meses.
Anteriormente, también se había decretado prisión preventiva contra Rosmery Paniagua Montero, exempleada de la entidad bancaria afectada.
Se atribuye a los imputados la violación del artículo 14 (obtención ilícita de fondos) y párrafo (Transferencias Electrónica de Fondos) de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y los artículos 265 y 266 (asociación de malhechores) del Código Penal, en perjuicio del Banco Popular Dominicano.
En su petición de medidas de coerción la Fiscalía explica que, del 8 al 12 de septiembre de 2022, los imputados Bayardo Emilio Mejía de los Santos, Pedro Ernesto Jacobo y Yoryi Benjamín Romero Payán y los prófugos de la Justicia José Francisco Aponte García, José Luis Encarnación de León y Rolando Labour se beneficiaron de fondos sustraídos mediante transferencias fraudulentas desde las cuentas de ahorros de una clienta de ese banco.
De acuerdo con la nota de la PGR, la imputada Paniagua Montero permitió a terceros, mediante maniobras fraudulentas, el manejo de varias cuentas de la clienta afectada, que habrían cometido obtención ilícita de fondos y otros delitos como lavado de activos.
Los imputados recibieron el dinero a través de las transacciones fraudulentas por diferentes montos, en pesos y dólares.
