No es agradable para nadie tener la obligación de pagar al Estado por los ingresos, actividades económicas o propiedades en las que estamos involucrados. Menos aún, cuando ese compromiso se aumenta o reestructura, lo que implica una mayor responsabilidad. Sin embargo, lo que muchas veces no queremos ver es que ese mismo Estado necesita recursos para sostenerse y ofrecer servicios de calidad y accesibles para todos sus ciudadanos. Es por esta razón que los impuestos se implementan y se revisan periódicamente, a medida que la sociedad avanza.
Actualmente, nos encontramos ante un proceso de «modernización fiscal», como lo denominó el Poder Ejecutivo en su presentación de ayer lunes. Entre los motivos para modificar las reglas fiscales, que han estado vigentes durante las últimas décadas, se destacan: atender las crecientes demandas de servicios básicos, evitar que la deuda continúe aumentando, establecer reglas claras e iguales para todos, combatir la evasión fiscal y cumplir con los objetivos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Aunque hablar de reformas fiscales y de aumentar las recaudaciones no sea popular, el gobierno asegura que esta propuesta incluye beneficios concretos. Entre ellos, se encuentra la expansión del programa social Aliméntate, que aumentará de RD$1,650 a RD$2,000, y un incremento del salario mínimo del sector público, que pasará de RD$10,000 a RD$15,000. Además, se planifican inversiones en infraestructura vital, como el Tren Metropolitano, que conectará el centro de la capital con el AILA, el teleférico de Santo Domingo Oeste, el tranvía de Santo Domingo, el tren de San Cristóbal y el monorriel de Santiago.
En cuanto a la seguridad, estas medidas fiscales prometen la incorporación de más de 20,000 nuevos agentes en los próximos cuatro años, la construcción de 116 nuevos destacamentos, la remodelación de 300 destacamentos existentes, y el despliegue de salas de denuncia ciudadana.
Son muchos los beneficios que traerá esta reforma fiscal, y está claro que es necesario reformar para seguir creciendo como nación. No obstante, es fundamental que esta reforma sea consensuada por todos los actores de la vida económica, productiva, política y social del país.
