Santo Domingo.- Representantes de varias iglesias evangélicas se manifestaron este martes frente al Congreso Nacional para pedir a los senadores que no cedan a las demandas de los grupos feministas y de la comunidad LGTBI, que exigen la protección de sus derechos en el proyecto del Código Penal.
El pastor Ezequiel Molina dijo que las iglesias evangélicas han acudido al Congreso Nacional para «respaldar» a los senadores, con el objetivo de que estos mantengan el texto aprobado en la Cámara de los Diputados.
«Que quede claro que la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, todos los que giramos en torno a la fe en Jesucristo estamos respaldando a los senadores para que no se dejen manipular de otras fuerzas que tratan de tumbar el pulso, de otros intereses que tratan de tergiversar el camino correcto que tiene el Congreso de la República Dominicana», dijo Molina a periodistas.
El proyecto de ley del Código Penal ha causado polémica porque solo despenalizará el aborto en el caso de riesgo de vida para la madre y también, porque no castiga la discriminación si esta se produce por motivo de la orientación sexual de la víctima.
Molina también consideró que «no importa» que República Dominicana sea «el único» país que tenga una legislación de este tipo, que afecta a los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ+, ya que también «es el único país que tiene la Biblia» en el escudo nacional.
El pasado 30 de junio la Cámara de Diputados excluyó del articulado del nuevo Código Penal la orientación sexual y el género como supuestos en los que se aplica el delito de discriminación.
También se eliminaron esos supuestos de la lista de agravantes en el caso de homicidios o torturas, algo que según la comunidad LGTBIQ+ puede desprotegerlos ante la violencia homófoba.
En el articulado, se incluyó además un párrafo que estipula que «no habrá discriminación cuando el prestador de servicios o contratante fundamente su negativa para objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales».
Si este texto es aprobado por el Senado tal cual, no se podría juzgar a alguien por negarle un servicio a una persona o por negarse a contratarla por cualquier motivo, entre ellos la condición sexual, siempre que lo fundamente en sus creencias religiosas.
