Santo Domingo. – Según el documento de solicitud de allanamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) el exasesor de Jean Alain rodríguez, Miguel José Moya, a través de la empresa Desarrollo, Individuo & Organización (DIO), SRL., cobró 3.7 millones de pesos para impartir talleres de capacitación al personal de la Procuraduría General de la República, que nunca se llevaron a cabo.
Los cursos ficticios, según el documento, fueron pagados en tres cuotas de unos 1.2 millones de pesos, los días 27 de marzo, 4 de mayo y 22 de junio del 2018.
Moya, imputado en la Operación Medusa, , habría logrado al menos seis contratos con la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2018 y 2020, que tuvieron un valor total de RD$19,683,600.
Lo anterior era el patrón utilizado por el grupo, según el Ministerio Público, y consistía en el requerimiento de una empresa que realizara diversos cursos y talleres, adjudicados siempre a DIO SRL, que ganaba por procesos de comparación de precios, se firmaba el contrato con la autorización de Rodríguez Imbert, exdirector financiero de la PGR, y del propio Jean Alain Rodríguez.
Esto se repitió con el contrato del 18 de junio de 2018, que sirvió como renovación del contrato pasado por la misma cantidad, que igualmente fue dividido en tres pagos distintos, aunque en esa ocasión fueron efectuados, el 18 de octubre del mencionado año.
Asimismo, un día antes de ese depósito Rodríguez Imbert elaboró un documento de reconocimiento de deuda, donde aseguraba que DIO SRL realizó talleres de integración entre el 15 de agosto y el 15 de octubre del 2018, estipulando que la deuda por esos trabajos ascendía a RD$2,485,600.
Ya en febrero de 2019 fue rubricado otro contrato de servicio de capacitación especializada, con un precio igual a los dos que le precedieron y que fue pagado el 28 de marzo siguiente usando el modus operandi acostumbrado: cuotas de RD$1.2 millones.
A mediados de diciembre próximo desde la PGR se emitió un cheque de RD$1,242,800, bajo el concepto de “talleres de integración para fortalecer el clima laboral”, tomando como base el documento de reconocimiento de deuda elaborado por Rodríguez Imbert, compromiso que ya había sido cumplido.
Un par de meses después, a finales de febrero del año pasado, se firmó otro contrato entre la Procuraduría y la empresa representada por Moya, en esta ocasión de capacitación especializada, este de RD$4,770,000, y que fue pagado para el junio siguiente, a través de transferencias.
Inexistentes
Otro punto importante en la investigación es que los talleres que tenían que ser impartidos por DIO SRL eran inexistentes, hecho que fue encubierto por personal de la PGR, señalan los fiscales.
En el documento se detalla que en los informes de servicio de capacitación realizada por el departamento de Gestión Humana tiene una lista de empleados que aseguraron no asistir a estos talleres, y que el listado que indica los que sí confirmaron su presencia pertenecía a otra actividad institucional.
Similarmente está el caso del exdirector general de carrera del Ministerio Público, Víctor Lora Imbert, quien es señalado como la persona que realizó la petición de llevar a cabo los cursos, solicitud que terminó en el contrato de febrero del 2019, y el responsable de emitir constancias de servicios prestados sin ningún aval de asistencia de personal o de los días en que se sostuvieron esos encuentros.
Esta maniobra de igual forma se repitió para el último acuerdo reseñado en el documento de los fiscales.
Detenido
Actualmente Moya se encuentra detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras espera el desarrollo del proceso judicial que enfrenta.
A él lo acompañan Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jean Alain Rodríguez.
