Fiscalía evalúa solicitud del asesino de Jorge Mera de hablar con la prensa

Santo Domingo.- El Ministerio Público discute «la pertinencia o no» de la solicitud de Miguel Cruz, asesino confeso del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, de contar a varios medios de comunicación su versión de los hechos, informó hoy la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.

Cruz, acusado de asesinar a Jorge Mera el pasado 6 de junio, solicitó al Ministerio Público, a través de sus abogados, que le permitan conceder una entrevista en la cárcel a determinados medios para revelar lo acontecido.

En declaraciones a periodistas, Ramos dijo que, junto a la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, están «discutiendo la pertinencia o no de esta solicitud» y más adelante se informará sobre la decisión que se tome sobre este particular.

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El pasado 9 de junio, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó un año de prisión preventiva contra Cruz, amigo de infancia del malogrado ministro.

Según el expediente del Ministerio Público, dado a conocer parcialmente, Cruz se presentó en la sede de Medio Ambiente la mañana del lunes 6 de junio y allí mantuvo una reunión con el director Nacional de la institución, Juan Manuel Cuervo, quien se percató de que el imputado se encontraba muy alterado.

Cruz se habría quejado de que el ministro rechazó un permiso para exportar 5,000 toneladas de baterías usadas que solicitó a nombre de su empresa Aurum Gavia, de acuerdo con el Ministerio Público.

Según narra el documento, el ministro manifestó que no necesitaba seguridad para recibir a Cruz y, pocos minutos después del inicio de la reunión, sin mediar discusión «asestó seis disparos a la víctima, incluyendo heridas a distancia y de contacto».

Tras asesinar a Jorge Mera, Miguel Cruz salió del Ministerio de Medio Ambiente por la puerta principal y se refugió en una iglesia donde le entregó el arma homicida al sacerdote, a quien le confesó que había matado a alguien, aunque sin especificar a quién.

Horas más tarde, se entregó a las autoridades tras recibir garantías de que no atentarían contra su vida