Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia depositó el Congreso Nacional, su oposición al Proyecto de Ley de “Modernización Fiscal”, mediante el cual se pretenden aumentar los impuestos a los pobres y a la clase media, para cubrir déficit fiscal generado por el descontrol y despilfarro en el gasto público, al considerar que mientras no se aprueben leyes que garanticen la eficiencia y disciplina en la inversión pública, no se puede aprobar ningún tipo de aumento de impuestos, pues estaríamos exactamente en la misma situación de déficit.
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En el documento depositado manifestaron que lo más considerado seria:
- Consagrar por Ley un tope mínimo de un 30% de gastos de Capital, y un máximo de un 60% en gastos corriente, con pena de 5 años a quien incumplan con dichos topes.
- Consagrar por Ley la austeridad en gasto Publico, prohibiendo viajes, arrendamientos, publicidad, memorias, impresos, vehículos, fiestas, bebidas y reducción de nomina a los niveles del 2019.
- Disolviendo las sucursales que órganos estatales han establecidos en el Exterior, y dedicar esos recursos en programas de financiamientos en favor de los Dominicanos en el Exterior, para la adquisición de su primera vivienda en nuestro País.
- Disolver todos los órganos Estatales creados por decreto, dedicando esos recursos a construcción de hospitales.
- Prohibir por Ley, la entrega de ayudas sociales al portador, garantizando bajo penas de cárcel, que los programas sociales solo beneficien a personas cuyo nivel socioeconómico justifique su ayuda, prohibiendo la asignación de ayudas a través de políticos, diputado, senadores y funcionarios públicos.
- Revisar los 300 mil pensiones otorgadas por razones políticas, que rondan los RD$5,000 millones de pesos, algunas de las cuales asciende a RD$200,000.00 en favor de relacionados a funcionarios de turno.
Asimismo, resaltaron que con dichas medidas el Estado Dominicano se ahorraría RD$200,000 millones de pesos Dominicanos, con lo cual no seria necesaria la eliminación de las exenciones a sectores claves de la economía como la industria, el turismo, el cine, la salud y la propiedad inmobiliaria de pequeña, resaltando que dependen fundamental de la posibilidad de atraer inversión extranjera, que de aprobarse dichos impuestos, se irían a otros destinos, con la subsecuente perdida de miles de empleos, dijo Surun Hernández.
