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La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, descartó este viernes dimitir antes del inicio el próximo junio de su juicio político en el Senado, en sus primeras declaraciones después de que la Cámara Baja del Congreso aprobase un proceso de destitución.
"Todavía no hemos llegado a ese extremo, ese tipo de cosas aún están muy lejos", afirmó la hija del exmandatario Rodrigo Duterte, preguntada en una rueda de prensa sobre si estaba considerando dimitir.
Enfrentada abiertamente con el presidente filipino, su antiguo aliado Ferdinand Marcos Jr., la vicepresidenta afirmó que su equipo legal lleva preparándose para un proceso de destitución "desde el momento" en el que la congresista France Castro anunció sus planes al respecto en 2023.
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Sara Duterte ha sido acusada, entre otros cargos, de utilizar de forma indebida 254 millones de pesos (unos 4,3 millones de dólares) procedentes de fondos confidenciales del Departamento de Educación del que era titular hasta que dimitió el pasado junio.
En el proceso de destitución, aprobado el pasado miércoles por la Cámara de Representantes de Filipinas, figuran también las polémicas declaraciones de la vicepresidenta del pasado diciembre, cuando afirmó haber dado órdenes de matar al presidente si ella misma era asesinada.
"Yo no amenacé con matar al presidente", se volvió a defender Duterte este viernes, retomando su justificación de que las órdenes dependen de su propia muerte y por tanto no constituyen una amenaza seria.
Estas supuestas amenazas de muerte fueron el punto álgido de la ruptura entre la vicepresidenta y el hijo del dictador fallecido Ferdinand Marcos, después de que ambos lideraran una exitosa campaña a la Presidencia en 2022.
La aprobación del proceso de destitución en la Cámara Baja conlleva la apertura de un juicio político contra Duterte en el Senado, que no comenzará hasta el próximo junio según afirmó ayer su presidente, Francis Escudero.
El proceso arrancará así después de las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo, en las que se votarán doce escaños en la cámara alta del Congreso y la totalidad de la Cámara de Representantes.
Los comicios son vistos como un referéndum a la gestión de Ferdinand Marcos Jr, aunque también servirán como una prueba a la popularidad de la familia Duterte.
De prosperar el juicio político, Duterte se vería expulsada del puesto de vicepresidenta y quedaría inhabilitada para ocupar un cargo público, lo que le impediría presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.
