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Lima. - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) centra las esperanzas de los familiares de las víctimas de las matanzas por las que fue condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori para evitar su excarcelación y acceder a la justicia frente a un Estado que, según denuncian, no garantiza sus derechos.
"En la vía interna se han agotado todos los recursos, más bien tenemos un Tribunal Constitucional (TC) que no garantiza derecho a la justicia de las víctimas y familiares", declaró a Efe la exministra de Cultura Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz, víctima de la masacre de La Cantuta (1992).
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"La única esperanza que tenemos es el sistema interamericano, a través de la Corte Interamericana, que vuelva a recordarse al Estado peruano las obligaciones que tiene y que nos devuelva esa poca justicia que habíamos alcanzado", agregó tras la audiencia virtual que celebró este viernes el tribunal continental con sede en Costa Rica.
Medidas de los familiares
En esta sesión se analizaron las medidas provisionales solicitadas por los familiares de las víctimas ante el último revés judicial del Constitucional peruano, que, en marzo pasado, restituyó el indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Aunque la corte no tiene un plazo para emitir sus resoluciones, los familiares esperan que los jueces "evalúen la gravedad de la situación" y emitan "un pronunciamiento mucho más claro y contundente sobre el peligro de estos indultos negociados, que, al final, terminan atropellando la propia dignidad de las víctimas y sus derechos", dijo Ortiz.
"Cada vez que se habla de indultos en realidad es un acto de nervios y de dolor porque es retroceder (...) y no se puede vivir así", sostuvo Rosa Rojas; quien perdió a su esposo e hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos (1991).
"No solamente nos han asesinado a nuestra familia, también lo que nos han quitado es el derecho a la dignidad", añadió la mujer, mientras agarraba un cartel negro, grande y con el rostro y nombre de su hijo, Javier Ríos Rojas.
Por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
