Santo Domingo.- Jairo González, conocido como «El Pastor de las Criptomonedas», será investigado por la Procuraduría General de la República (PGR), por una supuesta estafa multimillonaria a través de la empresa que preside, Harvest Group & Asociados.
Otros que también se querellaron formalmente, adicionan los delitos de abuso de confianza y asociación de malhechores.
De acuerdo a los datos el caso es investigado por Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, junto a un equipo de fiscales.
La investigación se abrió tras el órgano haber recibido más de 50 denuncias en contra de González, quien ha captado miles de dólares de clientes con la promesa de multiplicar sus inversiones.
La mayoría de los afectados son miembros de la Iglesia Evangélica, religión en la que creció González. Entre los afectados figura el vocalista principal del grupo cristiano Barak, Robert Green, quien hizo la denuncia en un video en sus redes sociales.
Modus Operandi
A través de Harvest Trading Cap, una empresa registrada en el 2019, González captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana, supuestamente, para invertirlos en los diferentes mercados de capitales o bolsa de valores y criptomonedas a través de brokers de internet, aunque no cuenta con el permiso de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) de la República Dominicana.
Supuestamente exigía un mínimo de inversión de 5,000 dólares.
González también es el titular de Harvest Trading Cap Academy (registrada en 2021), donde imparte cursos para principiantes e interesados en el mundo del trading y las inversiones en criptomonedas. Con este modelo visito varias zonas del país en busca de nuevos inversionistas.
Se recuerda que González no ha dicho claramente por qué desde junio pasado no le paga lo pactado a sus clientes. Menciona varios factores como la Guerra de Rusia en Ucrania, el bloqueo de Estados Unidos a brókers rusos en Chipre, el bloqueo de sus cuentas bancarias en República Dominicana, pero dice que este último problema se resolvió.
González ha indicado que el dinero de sus clientes está invertido en su totalidad en mercados financieros internacionales y pide un plazo de 180 días, prorrogable, para pagar.
En ese sentido afirma que la actividad de su empresa no es ilegal porque los activos que maneja los coloca en el extranjero, sin embargo, el economista Juan Ariel Jiménez, apuntó, que por el simple hecho de que su asentamiento en República Dominicana y su no regulación por parte de los entes supervisores se encuentra en un estado de ilegalidad.
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