Santo Domingo.- La orden judicial emitida contra el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) indica que este usurpó la identidad del ciudadano alemán Jörg Brinkmeyer para crear «fraudulentamente» Transcore Latam S.R.L. y beneficiarse del dinero del Estado en la adjudicación del contrato para controlar la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El documento explica que en mayo de 2022, Jochy adquirió el dominio TRANSCORE.COM.DO y usurpó la
identidad de Brinkmeyer y posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana. En julio de 2022, registraron Transcore Latam S.R.L. en la Cámara de Comercio de Santo Domingo.
Transcore Latam S.R.L. presentó una relación de 12 contratos de proyectos similares a la contratación en el exterior, abarcando un período de 19 años a nivel internacional. Estos contratos variaban entre 11 años y 1 mes y tenían montos que oscilaban entre 125,800,000.00 dólares y 38,700.00 dólares. Esta información se consignó en el Formulario de experiencia como contratista SNCC.D.049. Sin embargo, se verificó que, a la
fecha del proceso, Transcore Latam apenas contaba con 7 meses de constitución y trató de validar su experiencia técnica a través de la experiencia de otras empresas internacionales.
Los documentos presentados, que supuestamente evidenciaban los proyectos enlistados, parecían ser impresiones de información extraída de sitios web en inglés, incluyendo logos de empresas como Econolite, TransCore (Trusted Transportation Solution), Ecolite Systems Inc., BTMB Technology Management & Budget, Waukee (Traffic Control Corporation), Telepeaje Plus, y Sic Transcore Latinoamérica.
Ricardo Echandi, representante de Sistemas Integrados de Control S.A. (Sictranscore Latinoamérica), presentó el 7 de junio de 2023, posterior a la adjudicación, una denuncia ante la Dirección General de Contrataciones Públicas por apropiación indebida y uso no autorizado de información que fue presentada como propia por Transcore Latam S.R.L. En su denuncia, Echandi indicó que Transcore Latams se había apropiado indebidamente de credenciales técnicas de su empresa para participar en el proceso licitatorio, y que no se había autorizado el uso de dichos documentos.
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Señalan que el origen de esta trama se remonta a 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) fue
beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L., de la cual es co-gerente junto con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha recibido más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una.
En 2020, José Ángel Gómez Canaán (Jochy) también se benefició de un contrato ilegal, consistente en un «Acuerdo de Colaboración» entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., «aunque este contrato no figura registrado oficialmente».
Resaltan sobre el acuerdo con Defensa que la firma de este acuerdo contraviene las disposiciones contenidas en nuestra Constitución y en la Ley núm. 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada.
Manifiestan que con la llegada de Hugo Beras al INTRANT, en coalición con Frank Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, y Jochy, establecieron una «asociación criminal para desviar fondos».
Agregan que el pliego de condiciones para la licitación fue manipulado para favorecer a Transcore Latam S.R.L.
La «estructura de corrupción en el INTRANT» implementó una serie de modificaciones en los requisitos de experiencia para beneficiar a Transcore Latam S.R.L. y a su representante, Gómez Canaán. Inicialmente, se exigía una experiencia mínima de 15 años, pero este requisito fue drásticamente reducido a solo 1 año.
Apresamientos
El Ministerio Público ha denominado «Operación Camaleón» a las investigaciones para desarticular el entramado en el que alegan participaron Hugo Beras, José Ángel Gómez (a) Jochy, Pedro Vinicio Padovani Báez, Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y Carlos José Peguero Vargas, quienes permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
En las próximas horas se les solicitará medida de coerción.
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Los arrestados están siendo acusados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
