Santo Domingo.- El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y miembro de su Comité Político, Juan Ariel Jiménez advirtió que el proyecto de ley de Fideicomiso Público, que se conoce en la Cámara de Diputados, y que ya fuera aprobado en el Senado de la República Dominicana, viola la Constitución del país en varios de sus artículos y, de ser aprobado, sería sometida su inconstitucionalidad por ante los tribunales.
Por medio de un hilo me de mensajes en su cuenta de Twitter, el exministro de Economía explicó que este proyecto de ley, que ya fue aprobado en el Senado, en su artículo 13 exime a los fideicomisos públicos de cumplir con la Ley de Compras y Contrataciones, sustituyéndola por un “reglamento propio de cada fideicomiso”.
En ese sentido, expresa que estos fideicomisos públicos podrán comprar y contratar “como les dé la gana”, sin la debida competencia y transparencia que establece la ley de compras para toda entidad que use fondos públicos.
“En el artículo 8 establece que la deuda contraída por el fideicomiso no es deuda pública, lo que evita requisito de aprobación congresual y registro en Crédito Público. En otras palabras, un permiso para endeudarse sin que nadie lo tenga que aprobar”, agrega Jiménez.
En ese orden manifiesta que permitir un endeudamiento extra presupuestario y extra balance contradice las buenas prácticas definidas en los manuales de estadísticas fiscales y de deuda del FMI, el Banco Mundial y otras instituciones reguladoras.
Juan Ariel apunta que el Gobierno que dirige el presidente Luis Abinader, confía mucho en los fideicomisos y privatizaciones. Señala que solo el año pasado se transfirieron recursos por más de 15 mil millones de pesos a fideicomisos, y se tiene fideicomisos para todo: reforma policía, becas, marca país, exportación tilapias, etc.
Finalmente dice que la estructura de fideicomisos no puede sustituir ni suplantar las estructuras de gobierno, es decir que, no se puede tener un gobierno paralelo vía fideicomisos que disponga de fondos públicos por fuera del sistema de administración financiera del Estado y sin los debidos controles definidos por las leyes.
