La Asamblea Nacional de Francia ha aprobado este miércoles la moción de censura contra el Gobierno del primer ministro Michel Barnier.
Presentada por la izquierda, la moción fue respaldada por 331 votos, superando la necesaria mayoría de 289 para su aprobación, como estaba previsto.
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El resultado obliga a Barnier a dimitir y a dejar el país en manos de un gobierno en funciones hasta el nombramiento de una nueva administración.
Se decidió celebrar la votación después de que el primer ministro recurriera a un procedimiento constitucional para adoptar, sin votación del Parlamento, su plan de financiación de la Seguridad Social. Según el artículo 49.3 de la Constitución francesa, el Ejecutivo puede promulgar leyes sin la aprobación del Parlamento, pero los legisladores pueden impugnarla mediante una moción de censura que, si prospera, no solo rechazaría la ley, sino que además obligaría al Gobierno a dimitir.
Antes de la votación, el primer ministro describió la situación como «el momento de la verdad» y de «la responsabilidad».
En relación al grave déficit que afecta Francia, subrayó que intentó afrontar esa realidad «presentando textos financieros difíciles».
«Hubiera preferido distribuir dinero, aunque no lo tuviéramos. Pero esta realidad permanece ahí, no desaparecerá por arte de magia de una moción de censura. Esta realidad será recordada por cualquier gobierno, sea cual sea», dijo Barnier.
Al recordar los enormes fondos que requiere el pago de los intereses de la deuda récord de Francia, el primer ministro advirtió que esa situación no va a cambiar con la dimisión del Gobierno. «La deuda siempre estará ahí», auguró.
Barnier fue nombrado por el presidente Emmanuel Macron hace tan solo tres meses. Con esta resolución, su gobierno se convierte en el más breve de la historia de la Quinta República francesa. Asimismo, cabe señalar que, a excepción de hoy, la única vez que una moción de censura provocó la dimisión de un gobierno de la Quinta República fue en 1962.
Durante su intervención en la discusión de la moción, previo a la votación, la líder de la ultraderecha Marine Le Pen afirmó que el presupuesto de Barnier pretendía «tomar como rehenes a los franceses, en particular a aquellos más vulnerables», pertenecientes a las clases bajas y medias. «¿A dónde va el dinero? Cada vez hay más impuestos, pero menos servicios públicos y protección social», manifestó.
En este sentido, Le Pen acusó al Gobierno de Barnier de «negarse» a aceptar la contrapropuesta presupuestaria que su partido presentó, la cual planteaba poner fin a los gastos que van en contra de la voluntad de los ciudadanos, devolver el poder adquisitivo a los franceses y luchar contra los alquileres, la especulación y el fraude. «No obtuvimos concesiones, sino migajas», insistió, lamentando la intransigencia del gobierno.
