La decisión tomada por el gobierno de restringir las actividades públicas y privadas en playas y otros lugares durante la Semana Santa ha causado inquietud, apoyo y decepción en diversos sectores, que en su mayoría entienden el motivo, pero no la forma en que se ha hecho.
El Poder Ejecutivo, previo a anunciar la decisión, debió reunirse con los empresarios que desde meses atrás han hecho grandes inversiones para montar eventos que ya son tradiciones de más de dos décadas en diversos polos turísticos del país en cada Semana Mayor.
Prohibir los conciertos y fiestas puede ser una medida correcta para reducir los accidentes y desorden que son protagonistas en estas fechas de asueto, pero la misma debió haberse tomado con tiempo y en comunicación con quienes han gastado hasta la fecha cientos de millones de pesos en contratos y hasta en impuestos, que ahora nadie sabe si las instituciones que les cobraron les devolverán.
Los productores y empresarios tienen ahora un dolor de cabeza, no solo por el dinero gastado, sino también por el que tendrán que devolver a quienes ya hicieron planes para estos próximos días en compra de boletos, alquiler de villas y habitaciones hoteleras, sin que oficialmente el Ejecutivo les comunique formalmente como a cualquier sector que aporta a la economía del país.
