Recientemente tuve el honor de participar en la 60ª conferencia anual de la Interamerican Bar Association en la ciudad de Miami, no solo como expositor, sino también en diversas mesas de diálogo de dicho programa. Esta experiencia me permitió reflexionar sobre un tema importante para nuestra profesión: la competencia en el ejercicio del derecho.
La sesión que más llamó mi atención y motiva el presente artículo fue aquella en la que participaron los colegios de abogados interamericanos. Es importante resaltar que la República Dominicana no tuvo representación en dicha actividad, debido a la situación que atraviesa nuestro colegio de abogados en estos momentos. Esta ausencia pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer nuestras instituciones legales.
Entre los temas discutidos en la conferencia, la necesidad de regular y validar las competencias de los abogados fue especialmente relevante. No solo basta con ser licenciado en derecho; cuando un abogado asume ciertos casos, debe contar con una experiencia previa y con acreditaciones académicas que certifiquen su nivel de pericia. La mera obtención de un título de licenciado en derecho, no garantiza la capacidad de manejar con éxito las complejidades legales que afectan profundamente a las personas.
Los abogados generalmente trabajamos con cuestiones muy sensibles para los seres humanos, como su libertad y patrimonio, por mencionar algunas. Por un tema ético, los abogados no pueden autopercibirse ni mercadearse como “sabelotodo” o “todólogos”; es necesario que haya una especialización. Esta especialización asegura que cada abogado posea un conocimiento profundo y actualizado en su área de práctica, lo cual es fundamental para proporcionar una representación legal eficaz y ética.
En este contexto, se hace necesario contar con un registro que permita al ciudadano escoger a los abogados de acuerdo a sus necesidades y que se correlacione con su especialidad. Un registro de esta naturaleza proporcionaría transparencia y confianza en el sistema legal, permitiendo a las personas tomar decisiones informadas sobre quién los representará. Además, serviría como un incentivo para que los abogados se mantengan actualizados y continúen desarrollando sus habilidades.
Esta es una oportunidad importante para que eventualmente nuestro colegio de abogados establezca un mecanismo de depuración por materias, para validar a través de un sistema cuáles son las competencias de cada abogado. Dicho mecanismo no solo beneficiaría a las personas, sino que también elevaría el prestigio y la credibilidad de la profesión legal en nuestro país.
En conclusión, no solo basta con ser abogado, sino que se debe ser competente. La formación continua, la especialización y la validación de competencias son esenciales para garantizar que los abogados puedan desempeñar su labor con la excelencia que los clientes potenciales necesitan. La implementación de estas medidas contribuirá a un sistema de justicia más justo y eficiente, donde la calidad de la representación legal esté asegurada.
