Las familias de los niños desaparecidos en Ecuador denuncian intimidación de la Policía

Guayaquil (Ecuador) .- Las familias de los cuatro niños desaparecidos el pasado 8 de diciembre en el sur de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar, denunciaron este lunes «acciones intimidatorias» de la Policía y el eventual intento del Ejecutivo por interferir en la investigación.

Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización que asesora a las familias de los menores, denunció que una patrulla de la Policía se acercó la mañana de este lunes a una de las viviendas de los niños y tomó fotografías sin autorización.

«No solo del exterior de la casa sino también fotos del vehículo en el que (los familiares) se trasladan al trabajo», señaló Navarrete al exigir que haya un «total distanciamiento» de agentes o soldados de las familias de los menores y de sus viviendas.

«Son acciones intimidatorias que no caben», reclamó el activista al cuestionar también las afirmaciones del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, que advirtió de que este caso no se trataría de una desaparición forzada con implicación de soldados, sino de un aparente secuestro de los menores por parte de grupos criminales.

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Para Navarrete, hay evidencias «de una intencionalidad perjudicial a las garantías al debido proceso, porque son injerencias indebidas por parte del Ejecutivo hacia el proceso de investigación en el ámbito judicial».

Denunció, asimismo, que al inicio de la investigación la fiscal del caso había dicho a las familias de las víctimas «que se mantengan en silencio» sobre lo ocurrido, lo que en principio demoró que se difundiera la denuncia sobre la desaparición de los menores.

Según versión de familiares, la desaparición ocurrió la noche del 8 de diciembre, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11) fueran a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.

Hombres vestidos de militares detuvieron a los menores cuando, después de la práctica deportiva, caminaban cerca de un centro comercial y se los llevaron hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Los familiares aseguran que lograron comunicarse con uno de los menores que denunció haber sufrido golpes, pero que tras alertar a la Policía sobre la conversación, no volvieron a saber nada de ellos.

Videos de cámaras de seguridad han mostrado en redes sociales cuando varios militares llegan hasta el sitio en el que estaban los menores, los suben a una camioneta y se los llevan.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo en una entrevista radial que los adolescentes fueron aprehendidos por la patrulla militar porque «presuntamente» estaban «robando a una mujer», pero que los oficiales después los dejaron en libertad.

Esa versión fue rechazada por los familiares que la han tildado de intento de justificación: «Cualquier persona que comete un delito en este país tiene que ser procesado bajo las leyes respectivas, ser entregado a las autoridades competentes y, como son menores de edad, tuvieron que haber avisado directamente a los padres», señaló Fernando Bastias, abogado de la CDH.

«Lo que pasó el 8 de diciembre no es un hecho aislado en Ecuador. Las graves violaciones a derechos humanos que estamos conociendo son el resultado de una política ejecutiva de mano dura, de la militarización sin control y encubridora por parte del Gobierno», añadió el letrado.

Agregó que la organización a la que representa conoce varios casos similares que se han producido en el marco de la declaratoria de «conflicto armado interno» que hizo el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 para luchar contra las bandas criminales.

«El 2024 está lleno de graves violaciones a derechos humanos», enfatizó.

Las familias de los menores esperan que la Justicia resuelva este martes sobre un recurso legal de hábeas corpus (cuerpo presente) interpuesto por la defensa de las víctimas para que el caso se investigue como una desaparición forzada.