En el caso de Georgia, la fiscal Fani Willis utiliza contra Trump una ley especial contra el crimen organizado, llamada RICO por sus siglas en inglés, y que ha sido usada en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti.
Con esa ley, Willis ha logrado entrelazar los delitos cometidos por Trump y sus aliados, amalgamándolos en una narrativa única en la que el expresidente emerge como el líder de una organización con la finalidad criminal compartida de revertir los resultados electorales en Georgia. Ese método permite a la Fiscalía que queden condenados aquellos cabecillas que ordenen a otros cometer crímenes por ellos.
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De los 13 cargos estatales de los que Trump está acusado en Georgia, sólo uno tiene que ver con esa ley de la mafia, pero podría ser uno de los más graves al estar penado con hasta 20 años de cárcel. Los otros delitos son por conspiración para falsificar documentos o por presionar a funcionarios públicos para que anularan los resultados electorales.
Además de Trump, el gran jurado ha presentado cargos penales contra 18 de sus asesores más cercanos, como su exabogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y su exjefe de gabinete Mark Meadows.
Asalto al Capitolio: instigación a la conspiración
Aparte del caso en Georgia, un gran jurado del Distrito de Columbia ha presentado cuatro cargos federales contra Trump por supuestamente haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Biden, y por haber instigado el asalto del Capitolio por sus seguidores.
Esos cuatro cargos (conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial; obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración contra el derecho al voto) podrían acarrear una pena máxima que sumaría 55 años de cárcel.
El 3 de agosto, en medio de una gran expectación, Trump compareció en la corte del Distrito de Columbia para declararse no culpable de los cargos que se le imputan, tal y como ha hecho en las otras tres causas penales en su contra.